Consumo abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados.

El procedimiento de sanción parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha animado a los inquilinos a denunciar las prácticas abusivas que se puedan encontrar por parte de las inmobiliarias a la hora de alquilar una vivienda.

Bustinduy ha instado a denunciar a aquellas personas que “en la búsqueda de un piso, intenten cobrarle los honorarios para formalizar un contrato e imponerle el cobro de servicios no solicitados”, y ha pedido que lo hagan ante las organizaciones de consumidores, los sindicatos de inquilinos y las autoridades de consumo municipales y autonómicas.

La compañía indica que Alquiler Seguro no obliga a “nadie” a contratar un seguro

Por su parte, el consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, ha indicado que desde la compañía están analizando el expediente sancionador que Consumo les ha abierto por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler y ha asegurado que la compañía de gestión de alquiler cumple con la ley. “Llevamos cumpliendo la norma 17 años a rajatabla y estaremos encantados de mostrarle cómo trabajamos a quien nos lo solicite”, ha dicho.

Ha indicado que desde la compañía tienen auditados todos los procesos y contestarán a la administración aclarando lo que les han requerido. “No tenemos nada que ocultar y nos gusta ser claros y transparentes”, ha recalcado el consejero delegado, que ha asegurado que Alquiler Seguro no obliga a “nadie” a contratar un seguro.

Así, desde la compañía destacan que los servicios que Alquiler Seguro ofrece a propietarios e inquilinos son públicos y se pueden consultar abiertamente en la web de la compañía. Además, los gastos de gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación de servicios.

Desde Facua, la organización que denunció a Alquiler Seguro ante Consumo en noviembre de 2023, aseguran que la compañía obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”.

La Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades

Asimismo, revela que la empresa ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda.

“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”, indica en un comunicado. Facua afirma haber tenido conocimiento por fuentes ajenas al Ministerio que Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción.

La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe. De este modo, la Dirección General de Consumo ha requerido información a Alquiler Seguro y a las otras agencias investigadas tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.