El alquiler baja un 3,7% en Cataluña y un 6,4% en Barcelona tras un año de regulación

Balance tras un año. El alquiler ha bajado un 6,4% en Barcelona y un 3,7% en el conjunto de Cataluña tras un año de la entrada en vigor de la regulación de los precios. Se registran unos mil nuevos contratos cada mes en el conjunto del territorio.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esta “es una buena noticia” en una rueda de prensa, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La limitación del precio del alquiler se aplica en Cataluña desde el 16 de marzo del año pasado en 140 municipios y desde el 10 de octubre en otros 131 municipios, por lo que actualmente llega hasta 271 municipios en los que viven más de siete millones de personas, el 90% de la población catalana.

Se han registrado unos mil nuevos contratos cada mes en el conjunto del territorio

Cataluña fue la primera comunidad en limitar el alquiler. La anterior consejera de Territorio de la Generalitat catalana, Ester Capella, anunció que la publicación de la resolución iba a autorizar el año pasado al Gobierno catalán a la aplicación de las medidas de contención de rendas que prevé la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. El acuerdo se consíguió tras una reunión junto a la ministra Rodríguez.

El Ministerio publicó la declaración de los 140 municipios catalanes por la Generalitat catalana como zonas de mercado residencial tensionado. Las cuatro capitales de provincia se suman a la lista que recoge diferentes territorios del mapa de Cataluña, aunque es destacable el área metropolitana de Barcelona. Esta zona delimitada del mercado tensionado residencial significa un 80,6% de la población catalana, al tener alrededor de 6,2 millones de habitantes.

Según la Ley de Vivienda de 2023, una vez comunicada la solicitud, el Ministerio tiene que publicar una resolución que acoja esta relación, con una vigencia de tres años, para poder aplicar las medidas de contención de las rendas establecidas por la normativa.