Asprima denuncia la paralización de mil viviendas en Pozuelo de Alarcón

Asprima lucha por la urbanización de Pozuelo en los juzgados. La asociación ha lanzado una queja pública por la paralización cautelar sine die de la urbanización en curso y con los permisos en regla, después de más de veinte años de tramitación urbanística, del nuevo barrio madrileño de Montegancedo en Pozuelo de Alarcón. Esta obra incluía mil viviendas, 300 de ellas de propiedad pública, y el desarrollo social del municipio.

El proyecto del nuevo ámbito de Montegancedo fue suspendido temporalmente por decisión judicial, dictando medidas cautelares mientras se resolvía el recurso presentado. Esta decisión judicial fue la consecuencia de una demanda interpuesta en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que argumentaba la necesidad de proteger el medioambiente de un terreno clasificado como suelo urbano desde hace 22 años, cuando se aprobó la revisión del Pgou en 2002.

Según afirma Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), “Montegancedo es sólo un ejemplo, y muy claro, de por qué no funciona la política de vivienda en España y por qué la oferta de vivienda actualmente es muy inferior a las necesidades de la sociedad”.

Por este motivo, ante esta situación los promotores han presentado recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm), ya que “urge un pacto de Estado para sacar adelante en el Congreso la modificación de la Ley del Suelo que garantice la seguridad jurídica de los desarrollos y, en especial, que no se paralicen de forma total”, afirma el director. Además, alega que en la demanda no se tuvieron en cuenta los datos objetivos.

Jorge Ginés afirma que “en un momento de emergencia de la vivienda, resulta demasiado fácil recurrir un ámbito y paralizarlo”

Según la información incluida en los informes técnicos emitidos por las dos Administraciones Públicas, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, sobre el proyecto urbanístico, el ámbito de Montegancedo cuenta con una superficie total de setenta hectáreas, donde se recogen dos zonas totalmente diferenciadas. Por un lado, el parque forestal, que el planteamiento obliga a conservar y, por otra parte, una zona no arbórea donde se proyectaba construir las viviendas, conocidas como Los Polvorines de Retamares. El recinto se trata de unas antiguas instalaciones militares abandonadas, que no contienen ningún valor ambiental. Todos estos informes pasarán a ser revisados por el juez del caso.

La querella de los ecologistas alega que el monte público será privatizado y urbanizado, “dato erróneo que puede llevar a confusión”, explica el director general de Asprima. Los datos indican que, de las setenta hectáreas de terreno, todas de propiedad privada, el 70% (48 hectáreas) se destinarán a zonas verdes. De esta manera, 36 hectáreas pasarán a ser de titularidad pública municipal para uso y disfrute de todos los vecinos, incluyendo el parque forestal de Montegancedo. Por lo tanto, la superficie edificada será del 15,2%, concentrada en la zona de Los Polvorines.

En total, en la zona edificada se contemplaría un máximo de 1.050 viviendas, de las cuales 294 unidades, repartidas en siete parcelas, serían cedidas por los promotores al ayuntamiento del municipio, urbanizadas y a coste cero. Estas parcelas públicas se impulsarán con el I Plan de Vivienda para Familias Numerosas de Pozuelo de Alarcón, con viviendas asequibles de cuatro o más dormitorios, con el objetivo de atender a la demanda real en la ciudad. Según datos del Consistorio del mes de junio, en el municipio había 3.617 familias con tres o más hijos.