Ismael Clemente: “El ‘real estate’ no tiene necesidad de subvenciones o ayudas”

“Durante un tiempo nos irá mal pero no tenemos necesidad de ningún tipo de subvenciones o ayudas”. El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, se ha mostrado contundente sobre el efecto de la crisis del coronavirus sobre el sector inmobiliario durante la cumbre empresarial organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe). En este sentido, Clemente ha asegurado que hay otros sectores “como el turismo, el transporte o la automoción que van a requerir ayuda por parte de todos los actores”.

Clemente ha subrayado que el real estate necesita “medidas de liberalización, flexibilización de la actividad y nivelación del terreno de juego frente a actores tanto nacionales como internacionales”.

El ejecutivo también ha reclamado que se deje “de atacar” al régimen de socimis y que se profundice más en su desarrollo para homologarlo al del resto de países del entorno, permitiendo, por ejemplo, la neutralidad fiscal de las aportaciones de activos a una socimi a cambio de capital. “España es el único país en el que esta operación tributa y eliminarlo nos permitiría ganar competitividad”.

Ismael Clemente ha reclamado que se deje “de atacar” al régimen de socimis

Por otro lado, Clemente ha explicado que el mercado de oficinas continúa teniendo un equilibrio entre oferta y demanda, aunque “nos preocupa que la crisis pueda provocar una destrucción de empresas y de empleo”. Sin embargo, ha apuntado que “no hay sobreoferta” y que los niveles de rentas son “muy bajos” respecto a los registrados en el anterior ciclo económico.

El ejecutivo ha augurado que la posible pérdida de demanda por el auge del teletrabajo se verá “muy compensada” por el fin del hot desking y por el aumento de metros cuadrados de oficina necesarios para garantizar las medidas de distanciamiento social. “Tal vez volvamos a densidades de diez metros cuadrados por trabajador y esto tendrá más efecto en la demanda que el teletrabajo”, ha sentenciado.

En lo que se refiere a centros comerciales, el consejero delegado de Merlin ha subrayado que “lo único importante en lo que habría que trabajar es en flexibilizar los horarios de apertura” de los locales comerciales. Además, también ha pedido una flexibilización de la normativa para poder cambiar el uso del suelo “de los centros que se caigan por el camino”.

Actualizar el parque de viviendas

La flexibilización de la burocracia también ha sido uno de los puntos que ha reclamado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Juan Antonio Gómez Pintado. El directivo ha asegurado que “hay retrasos insostenibles que provocan un aumento del precio de la vivienda de entre 25.000 euros y 40.000 euros”.

Gómez Pintado ha explicado que la construcción residencial “puede ser uno de los pilares de la recuperación” y se ha sumado a la petición de que el Gobierno avale hasta un 20% de las hipotecas para jóvenes, de manera que sólo tengan que hacer frente al 5% del valor de la vivienda. De este modo, ha asegurado, se facilitaría el acceso a la primera vivienda y se sumarían unos ingresos de “más de 15.000 millones de euros a las arcas públicas”.

La rehabilitación, en el punto de mira

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, también ha aprovechado la jornada para reclamar que el Gobierno lance un plan que permita la rehabilitación de viviendas para garantizar su eficiencia energética.

Lazcano ha destacado que sólo el 5% de los diez millones de edificios que hay en España siguen las normas del código técnico de edificación y que el 55% no sigue ninguna normativa. Además, el 80% de estos edificios “seguirá en pie en 2050”, recalca.

Para poder paliar esta problemática, el directivo ha reclamado un plan de inversión de 2.000 millones de euros al año destinados a la rehabilitación verde de los inmuebles, lo que permitiría rehabilitar 120.000 viviendas al año y generar un volumen de negocio de 5.200 millones en cuatro años. Además, este plan tendría un retorno fiscal de 15.200 millones de euros y crearía más de 200.000 puestos de trabajo.