La Generalitat catalana estudia la compra de pisos de bancos y fondos para vivienda social

Cataluña apunta a la vivienda social. La Generalitat pretende llegar a incorporar 50.000 pisos en cinco años en el parque de vivienda, por lo que acaba de abrir una nueva vía para alcanzar este objetivo. Además de construir nuevas casas en colaboración con ayuntamientos y promotoras, planea sumar también la cartera de activos de fondos y entidades financieras desde la etapa de la burbuja inmobiliaria: pisos derivados de ejecuciones hipotecarias, también conocidos como activos tóxicos.  

El gobierno catalán aspira a estudiar esta posibilidad y ejercer el derecho de compra sobre estos inmubeles mientras sea viable, con el objetivo de reconvertirlos en vivienda pública destinada al alquiler social. Este plan incluye la compra de 743 pisos de Divarian, inmobiliaria del fondo Cerberus que se hizo con los activos tóxicos de Bbbva. La administración catalana ha pagado por ellos 72 millones de euros, unos 96.900 euros por unidad.

La adquisición se ha materializado mediante el derecho de tanteo, según la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, citada por La Vanguardia, y se ha cerrado en unos días. Todas las viviendas de Divarian procedían de ejecuciones hipotecarias y el fondo quería desprenderse de ellas. En situaciones como esta, los grandes tenedores tienen la obligación de ofrecer los activos primero a la administración pública, que dispone de un corto plazo de tiempo para decidir si los compra o no. De lo contrario, indicó Paneque, los pisos se hubieran puesto a la venta en el mercado libre, “con el consiguiente riesgo para las familias que ahora residen en ellos en régimen de alquiler”.

La mayor parte de los inmuebles están habitados por personas en situación de vulnerabilidad que han sufrido desahucios y forman parte del programa Reallotgem de la Generalitat, por el cual el gobierno se hace cargo de parte de la renta. Paneque indicó que estaban pagando seis millones de euros al año a Divarian con el objetivo de pagar el alquiler de estas familias.

Los grandes tenedores están obligados a ofrecer los activos primero a la administración

Estas 743 viviendas pasarán a partir de ahora a ser de titularidad pública, por lo que los inquilinos pagarán una renta acorde a sus ingresos. Así, la portavoz de la Generalitat aseguró que “se cumple un triple objetivo: ampliamos el parque público de vivienda, protegemos a las familias y ahorramos dinero”.

Es la compra por derecho a tanteo más importante que ha efectuado nunca la administración catalana, y no descarta más operaciones de este tipo. En paralelo, Paneque señaló que deberán analizar muy bien cualquier posible operación, ya que la Generalitat se encuentra en prórroga presupuestaria. Y añadió que “hemos tenido que articular 72 millones en pocos días”.

Divarian es una sociedad conjunta que Bbva y Cerberus crearon en 2018, momento en que el banco vendió al fondo estadounidense activos inmobiliarios tóxicos con un valor bruto de 13.000 millones de euros, que en términos netos quedaban reducidos a 5.000 millones. En 2021, Bbva vendió el 20% de su participación en la sociedad al fondo.

A finales de 2024, la Generalitat usó la misma fórmula y adquirió 451 viviendas por 30,5 millones de euros a Inmocaixa. Así, el gobierno catalán ha llegado a sumar casi 1.200 pisos públicos para alquiler social en un periodo de tres meses.