La inversión en vivienda pública aumenta un 38% en 2020, hasta 696 millones de euros

La inversión en vivienda pública aguanta el pulso al Covid-19. El Estado invirtió 696 millones de euros en 2020 para construcción de viviendas, un 38% más que en 2019, cuando destinó 506 millones de euros al segmento residencial, según datos presentados hoy por el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez. 

Aun así, el sector detectó un retroceso en la licitación y el número de viviendas visadas. La licitación pública de obras de edificación registró un descenso del 18%. En total, se visaron 87.000 viviendas, un 18% menos que en 2019 y se terminaron 85.000, un 9% más que el año pasado. En cuanto a los activos no residenciales, se licitaron 5,1 millones de metros cuadrados, un 14% menos que en el último ejercicio.

Pese al aumento de la actividad en la edificación residencial, el dato supone aminorar el ritmo de crecimiento de la actividad. El pico se marcó en 2018, cuando se registró un incremento de la inversión del 76,6%, mientras que en 2019 el aumento fue del 52,2%. En cuanto a la edificación no residencial, el estancamiento de la actividad fue similar al de 2019, cuando decayó un 4,8%. Para la entidad, estos datos suponen consolidar “una preocupante tendencia recesiva”.

En las obras de edificación, donde también están recogidos los trabajos de equipamiento social y otros equipamientos, 2.214 millones provinieron de las comunidades autónomas, mientras que 1.078 millones fueron destinados por parte del estado y 1.458 millones provenían de administraciones locales.

La inversión en vivienda representó la finalización de 85.000 viviendas en 2020

Entre los indicadores sectoriales, la asociación destaca la caída interanual del 9,7% en el consumo de cemento, según datos de Oficemen, y la caída en la afiliación. A cierre de 2019, se registró una caída del 1,7% en el número de trabajadores, un descenso que aumenta al 4,3% descontando expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes).

Para este año, la asociación prevé un aumento de la actividad del 2,7% en el total de la construcción y de un 1% en la edificación residencial de obra nueva y del 1,5% en los trabajos de rehabilitación en la edificación residencial debido al “limitado impacto de los programas de inversión directa en infraestructuras con los fondos Next Generation de la Unión Europea, junto con los plazos de autorización de la Comisión Europea para los planes nacionales de reformas”.

En cuanto al plan de rehabilitación de edificios, Seopan calcula que, iniciando la fase preparación a inicios de 2021, este año se destinarán de forma directa 1.500 millones de euros, alcanzando los 7.500 millones de euros en 2022 y finalizando el proyecto en 2023 con 15.000 millones de euros invertidos. Seopan calcula que, con el plan de rehabilitación de vivienda impulsado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, se crearán 211.000 empleos generando una actividad inducida por valor de 4.800 millones de euros con un retorno fiscal de 4.800 millones de euros.

La afiliación en el sector de la construcción cayó un 1,7% en 2020

En total, la licitación pública en obra civil se redujo un 26% en 2020, alcanzando 8.364 millones de euros, mientras que la contratación pública cayó un 40%, hasta 6.348 millones de euros, situándose en ambos casos en niveles de 2014.

Para la entidad, el sector ha seguido arrastrando en 2020 “importantes ineficiencias” debido a la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios de inversión: el Ministerio De Transporte Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que en 2020 no superó el 68,7%.

“En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, generando un efecto muy negativo en la actividad: 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 millones de euros de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir por el Estado en dicho periodo de tiempo”, señalan desde Seopan. El presidente de la entidad ha pedido más tiempo a la Unión Europa para implentar las ayudas, ante el riesgo de que, con el ritmo acutal, no puedan implementarse en su totalidad.