Los apartamentos turísticos litigan ante la CE por el decreto de la Generalitat catalana

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), junto con la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (Ehha), ha presentado una reclamación ante la Comisión Europea (CE) contra el decreto de la Generalitat catalana que regula los pisos turísticos.

Federatur alega que el decreto vulnera seis apartados de la normativa europea, incluidos tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Cdfue), según ha señalado en un comunicado. El decreto de la Generalitat exige una nueva licencia urbanística de cinco años de duración para poder destinar una vivienda al uso turístico, aunque ya tenga una licencia anterior, y marca un límite de diez licencias por cada cien habitantes en 262 municipios.

La entidad afirma que la regulación es “desproporcionada, discriminatoria y contraria a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento” recogidos en la normativa europea. Tras la presentación, Europa tiene doce meses para determinar si el decreto del Gobierno catalán infringe la normativa europea y, si lo hace, pedirá explicaciones al Estado.

Europa tiene doce meses para determinar si el decreto infringe la normativa 

La asociación ha argumentado que el decreto no resuelve el problema del acceso a la vivienda ni contribuye a incrementar la oferta de viviendas para residencia permanente. “Los propietarios se ven impedidos de decidir sobre el uso de sus inmuebles, ya que, en muchos casos, se prohíbe la explotación turística de las viviendas en función de su ubicación”, ha añadido.

En el caso concreto de Barcelona, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha advertido de que el decreto de la Generalitat “rompe la ordenación del sector que ciudades como Barcelona han llevado a cabo en los últimos años y alimenta una ilegalidad que la capital catalana había logrado combatir”. 

Según la entidad, los pisos turísticos suponen el 40% de los alojamientos turísticos de la ciudad, con una aportación en forma de impuestos de 160 millones de euros anuales, y son una “pieza clave para dar respuesta a la demanda de alojamiento”.