Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores por el 30% de vivienda protegida

Salen a la luz nuevos detalles sobre la Ley de Vivienda. Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores por destinar un 30% de sus proyectos a vivienda protegida. Así lo han revelado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), dirigido por Raquel Sánchez, a Cinco Días.

Serán los consistorios los que decidirán si aplicar la medida del 30% de vivienda protegida, de la cual la mitad se tiene que destinar a vivienda social. La semana pasada, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había señalado que, en las declaradas zonas tensionadas, un trámite que tienen que realizar las comunidades autónomas, los promotores tendrían que dedicar un tercio de su producción al alquiler social.

Ahora, desde el ministerio dirigido por Sánchez apuntan que cada vez que los ayuntamientos decidan impulsar esta medida, estos deberán compensar a las empresas por su aprovechamiento. En concreto, los consistorios aportarán terrenos por una parte proporcional en el mismo lugar, con base en criterios objetivos de valor de suelo. Si el nuevo lugar es menos atractivo, tendrá que ser un suelo de mayor tamaño.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de calificar una zona como área tensionada

Con esta medida, el Mitma apunta que no se ahuyentará la inversión, y que de no ofrecer compensación se estaría produciendo una usurpación de la propiedad privada. La obligación de reservar un 30% de suelo urbanizable a vivienda protegida existe desde 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Según el acuerdo, las áreas tensionadas serán aquellas en las que los precios de los alquileres avancen cinco puntos por encima del Índice de Precio de Consumo (IPC) en los últimos años y donde el esfuerzo para abonarlos sea más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Además, la legislación también prevé una recarga del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los pisos que permanezcan vacíos durante un periodo largo de tiempo.

Otra de las medidas de la nueva Ley de Vivienda es la creación de un bono joven para el alquiler de viviendas de 250 euros que irá destinado a inquilinos entre 18 años y 35 años con rentas de trabajo inferiores a 23.725 euros.