El TC avala la prorrogara la suspensión de los desahucios de personas vulnerables

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la decisión del Gobierno de prorrogar hasta febrero de 2022 el Real-Decreto Ley que suspendió los desahucios de personas económicamente vulnerables durante la pandemia y así lo reflejará en una futura sentencia a cargo del magistrado del ala progresista Ramón Sáez.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Pleno de este martes se ha mostrado en contra de la ponencia que redactó el magistrado conservador Ricardo Enríquez por la que se proponía estimar el recurso que presentó Vox contra dicha norma.

Ante este escenario, Enríquez ha declinado redactar una nueva ponencia que recoja “el sentir de la mayoría progresista y desestime el recurso de inconstitucionalidad presentado por los de Santiago Abascal”.

Así las cosas, el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha designado a Sáez como ponente para que redacte el nuevo borrador de la sentencia que se debatirá en un próximo Pleno.

Enríquez ha declinado redactar una nueva ponencia que recoja “el sentir de la mayoría progresista”

El pasado febrero, el TC desestimó por mayoría el recurso que presentaron los diputados del PP contra el decreto-ley que permitió paralizar los desahucios de okupas durante el estado de alarma al considerar, entre otras cuestiones, que el texto preveía una medida limitada en el tiempo que no vulneraba el derecho de propiedad de la vivienda y que tenía por finalidad un interés social: proteger a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia.

El debate relativo al recurso de Vox ha tenido lugar después de que en septiembre de 2021 los diputados del partido presentaran su recurso contra la suspensión hasta el 31 de octubre de 2021, prorrogada por el Gobierno hasta el 28 de febrero de 2022, del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

Fue el 26 de octubre de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.