Isabel Rodríguez o la nueva ministra ante el problema de las 183.000 viviendas públicas

Más de 183.000 viviendas públicas. La cifra tuvo su momento de protagonismo durante el debate de investidura y es uno de los objetivos marcados en rojo en la sede del nuevo Ministerio de Vivienda, pero no es una promesa nueva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya la había esgrimido en el Senado el pasado abril. Es la cantidad que el Ejecutivo ha calculado que sería necesario para acercarse a la media europea del 9% de parque público y avanzar hacia el 20% que, según señaló entonces el propio Sánchez, “registran los países más avanzados de Europa”, diez veces menos que la tasa actual en España, un 2%. La cifra mágica es también la herramienta que permitirá hacer realidad los objetivos del recién desempolvado nuevo Ministerio de Vivienda: “queremos que la vivienda deje de ser un problema”, admitía la nueva ministra Isabel Rodríguez.

Las 183.000 viviendas no son sólo una regla de tres: es la suma de diversos proyectos que se pueden ejecutar desde la administración para aumentar la vivienda pública. Gran parte de ellos proviene de los inmuebles de la Sareb, que alcanzan las 50.000 y hasta 14.000 ya están habitadas, y otras muchas 25.000 proceden de pactos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que cuentan con las competencias sobre vivienda. La gran apuesta de vivienda pública tiene su propio Ministerio capitaneado por la socialista Isabel Rodríguez, hasta ahora ministra de Política Territorial. La cartera se creó por primera vez en 1957 y, tras suprimirse en 1977, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la rescató en 2004 y 2010.

A pesar de que pueda parecer un objetivo ambicioso, algunas entidades lo han cifrado de insuficiente. Según cálculos del Institut Cerdà, se han de construir dos millones de viviendas sociales en España en quince años y la apuesta ha de materializarse en 50.000 viviendas proyectos anuales hasta 2040. “El déficit de viviendas creado sólo en los últimos años supera las 300.000 viviendas y, además, tenemos más de un millón de jóvenes entre 25 años y 34 años que, trabajando, viven aún con sus padres”, recuerdan desde Asprima. Por ahora, el año electoral no se ha traducido en una mayor inversión pública en vivienda. Hasta octubre, el último mes del que hay datos, las distintas administraciones públicas han invertido 643,9 millones de euros en el sector residencial, un 17,9% menos que en el mismo periodo de 2022.

“Queremos que la vivienda deje de ser un problema”, admitía la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

La ministra estrenó su cargo trasladando “un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios”, unas declaraciones que fueron acogidas con un optimismo prudente por el sector. “ Sin duda, es una buena noticia que exista un ministerio en exclusividad dedicado a la vivienda porque confirma la importancia de nuestro sector de cara a resolver una de las principales preocupaciones sociales, como es el acceso a la vivienda, en especial, de los jóvenes”, puntualiza Jorge Ginés, director general la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid Asprima, que también recuerda la necesidad de colaboración con las comunidades autónomas, todo como un primer paso hasta “un pacto nacional por la vivienda”.

La patronal de la reforma y la edificación, que ha de contar con un gran peso durante la legislatura si se ejecutan todos los planes impulsados por los fondos Next Generation, también valora positivamente la vuelta de la cartera, si esta ha de ayudar a que se facilite el acceso a los fondos europeos destinados a la rehabilitación de viviendas en España. Sin embargo, también puntualizaron en un comunicado que el ministerio debería ejercer también una función didáctica y elaborar una guía para propietarios y entidades del sector sobre la conservación de los inmuebles.

Las herramientas que piden desde las asociaciones pasan por un mayor presupuesto para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una condición que se ha dado en las últimas veces en los que ha existido. “Por ejemplo, en 2022, el presupuesto del Estado dedicado a vivienda sólo alcanzó el 0,2% del PIB, descontado los fondos europeos”, apunta Ginés. Justo en materia de rehabilitación, desde la Anticipa y Aliseda esperan que la nueva cartera tenga entre sus deberes “asegurar que las subvenciones de los Fondos Next Generation lleguen a las comunidades de propietarios”, ha afirmado su consejero delegado Eduard Mendiluce, quien también pide que se “endurezca la normativa contra la ocupación ilegal”.

La ministra estrenó su cargo trasladando “un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios”

Desde las empresas, también esperan que esas primeras declaraciones de Rodríguez sean la entrada a una legislatura de colaboración público-privada. “En España, es necesario un pacto de vivienda entre las administraciones, la empresa privada y las entidades financieras para los próximos diez años”, apunta el consejero delegado de Culmia, un compromiso que la promotora calcula que requerirá 7.000 millones de euros al año y beneficiará a 1,3 millones de familias con problemas de acceso a la vivienda. “Pese a que la demanda es alta, se considera necesario involucrar al sector privado (promotores, inversores y financiadores), ya que las administraciones públicas no pueden asumir tal volumen de inversión”, añaden también desde Metrovacesa.

Otra demanda para la ministra, más allá de la inversión, es desenredar la burocracia. “El nuevo Ministerio de Vivienda tiene el reto y la obligación de agilizar los planeamientos urbanísticos, las licencias, informes sectoriales y demás tramitaciones administrativas para producir suelo”, opina José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria. “El suelo no se está poniendo en el mercado a la velocidad que requiere la demanda”, ha añadido el consejero delegado de Catella, Carlos López, que esgrime que con la simplificación de los procesos puede contribuir al desarrollo de vivienda en España.