El Institut Cerdà insta a construir dos millones de viviendas sociales en España en 15 años

El déficit de vivienda sigue exigiendo soluciones efectivas. El Institut Cerdà asegura que la inversión para responder al déficit de vivienda social en España gira alrededor de los dos millones de proyectos, según el informe El suelo de equipamientos: una oportunidad para el desarrollo de vivienda asequible” que ha presentado esta mañana la fundación en la sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña (Coac).

Para obtener esta cifra, el informe desarrolla una comparativa entre 1997 y 2020. Si hace más de veinte años el 28% del salario medio de un trabajo se destinaba a pagar el alquiler, en 2020 la tasa ascendía hasta el 67%. Por su parte, si los jubilados destinaban el 47% de su pensión al alquiler en 1997, en el último registro disponible el porcentaje se alzaba al 103%.

De hecho, apoyándose en una estadística de Eurostat, España estaba entre los siete peores países en número de viviendas sociales por cada 100.000 habitantes, con 0,9 unidades.  

Siguiendo esta tendencia, si el gasto público anual por habitante en vivienda social en 2017 era de 35,4 euros en España, en la media de los países de la Unión Europea el valor era de 148,2 euros por habitante. De hecho, sólo en Cataluña, para dar respuesta a la demanda de vivienda asequible deberían llevarse a cabo 50.000 proyectos anuales durante los próximos quince años en España.

Las personas que vivirán de alquiler crecerá hasta 2040 en un 18,4% para los asalariados y en un 164% para los pensionistas

Según los datos del informe, el número de personas que vivirán de alquiler hasta 2040 aumentará en un 18,4% dentro del grupo de los asalariados y en un 164% para los pensionistas. Uno de los factores que ayuda a explicar esta tendencia al alza es el incremento de la población inmigrante, que ha pasado del 10% de 2021 al 15% en 2025. Actualmente, sólo un 19% de este grupo vive en una vivienda en propiedad.

El Institut Cerdà propone tres grandes palancas para aplicar soluciones de manera urgente. La primera de ellas va orientada a generar suelo en los sistemas de equipamientos de las áreas urbanas. Según la fundación privada, en la región metropolitana de Barcelona existe una superficie disponible de 790.000 metros cuadrados que son aptos para la construcción de vivienda asequible. La inversión representaría 2.000 millones de euros.

La segunda palanca estaría dedicada a fomentar la colaboración público-privada como vía para acelerar la inversión. Según esta propuesta, las administraciones públicas podrían ceder suelo público para desarrollar viviendas, mientras que los operadores privados se encargarían de la construcción de las promociones de viviendas.

Y el tercer gran eje debería impulsar y promover modelos de construcción funcionales y flexibles. Esto se conseguiría reduciendo precios, construyendo a un ritmo más rápido y rotando de manera más eficaz la financiación. Para conseguirlo, el Institut propone apoyarse en los beneficios de la construcción industrializa: reducen un 30% los plazos de construcción y reducen en un 60% el total de residuos generados.