El Gobierno aprobará la Ley de la Vivienda el próximo 18 de enero
La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana asegura que la norma entrará en segunda lectura en el Consejo de Ministros del 18 de enero. Raquel Sánchez afirma que el texto final ha tenido una “acogida positiva” del sector inmobiliario.
9 ene 2022 - 18:30
El Gobierno aprobará el próximo 18 de enero la Ley por el Derecho a la Vivienda, según ha confirmado la ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, informa Efe.
"Sí, la aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del día 18 de enero y la previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley tan esperada", afirmó la ministra tras la presentación en el Pabellón de España en la Expo Dubái del Global Mobility Call, primer congreso mundial sobre la movilidad sostenible que tendrá lugar el próximo junio en Madrid. La ley permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de Lay por el Derecho a la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que terminase el año. Y es que este texto ha sido negociado durante un año por los socios de Gobierno y ha sido uno de los principales focos de tensión política entre ellos en lo que va de legislatura.
La ley permite a las comunidades autónomas limitar los alquileres en zonas tensionadas
Esta ley ha provocado recelo en el sector inmobiliario, que coincide en que su aprobación reducirá la oferta, empeorará el mantenimiento de los inmuebles y conducirá el mercado de alquiler a la economía sumergida. Sin embargo, Sánchez aseveró que el texto del anteproyecto de ley ha tenido al final una “acogida positiva” en el sector inmobiliario.
Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -solo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada.
Otros puntos del texto es penalizar las viviendas vacías, pues el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150 % si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.