El sector alerta que la Ley de la Vivienda amenaza con reducir el parque de alquiler

De arriba a abajo y de izquiera a derecha aparecen Gabriel Fernández de Gamboa (Momentum), José García Montalvo (UPF), Juan Merino (Gavari), Daniel Cuervo (Apce), Ignacio Pareja (Momentum) y Miguel Ángel Peña (Grupo Lar).

Electoralista, con un efecto contractor sobre la oferta y con un impacto sobre la seguridad jurídica. Así resumen un grupo de empresas, entidades y profesionales los efectos que estiman de la Ley de Vivienda una semana después de su presentación.

Aunque buena parte de los consultados se han mostrado cautos a la espera de la aprobación del texto definitivo de la ley por el Congreso de los Diputados, algo que se prevé para antes del 28 de mayo, el desánimo ha cundido entre el sector una vez conocidos el redactado y las medidas que recoge.

“Hay medidas positivas que acabarán eclipsadas por la limitación del precio de los alquileres, una política que no sólo no facilita el acceso a la vivienda, sino que provoca una disminución de la oferta”, valora José García-Montalvo, catedrático de Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y especialista en materia de vivienda.

“La limitación del precio de los alquileres no sólo no facilita el acceso a una vivienda, sino que provoca una disminución de la oferta”, señala José García Montalvo (UPF)

“Se parte de una concepción de oligopolio sobre el mercado residencial que es absolutamente falsa, porque en España el año pasado dos millones de personas declararon ingresos por alquileres y los grandes fondos y grupos apenas controlan un 5% del mercado residencial en alquiler”, añade.

También incidió sobre el impacto en la oferta la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (Apce), aunque subrayando la inseguridad jurídica que genera la futura ley. “Aporta inseguridad jurídica y afectará a la oferta de vivienda, que se reducirá”, señala Daniel Cuervo, secretario general de la Apce.

La promotora y gestora Momentum, fundada por Gabriel Fernández e Ignacio Pareja, desarrolla actualmente más de 8.000 viviendas en diferentes plazas del mercado español, la mayor parte bajo el concepto de apartamento de media y larga estancia. “Este tipo de políticas limitadoras hacen que los inversores, cualquiera que sea su perfil, busquen otros mercados con mayor libertad y seguridad y, desde luego, la ley dificultará el desarrollo de todos los proyectos buildt-to-rent (BTR) que la propia administración viene fomentando”, apuntan desde la empresa.

“¿Cómo invertir en un negocio en que por ley los ingresos crecen menos que los gastos?”, se preguntan desde la gestora Momentum

Para los fundadores de Momentum, la ley generará mayor presión sobre un parque de vivienda que ya es escaso. “¿Cómo invertir en un negocio en que por ley los ingresos crecen todos los años menos que los gastos?”, se preguntan. “Por definición, se trata de un negocio cada día menos rentable”, añaden.

Miguel Ángel Peña, consejero delegado de la división residencial de Grupo Lar, también lamenta que el Gobierno haya politizado la vivienda con la futura ley y apunta a su impacto en los nuevos proyectos. “Es de esperar que el capital institucional que estaba entrando en España para invertir en vivienda se ralentice hasta ver el impacto de la nueva ley, corriendo el riesgo que redirija sus inversiones a otros países, sobre todo el capital más conservador”, dice el directivo.

“Es de esperar que la llegada de capital institucional se ralentice hasta ver el impacto de la nueva ley”, dice Miguel Ángel Peña (Grupo Lar)

La socimi Gavari cuenta con una cartera de residencial en alquiler en construcción que suma ahora cerca de 260 unidades en Madrid y Málaga. “Nosotros vamos a seguir invirtiendo, si bien la exigencia de rentabilidad será mayor ante la incertidumbre y, por tanto, el ritmo inversor podrá verse afectado a la baja”, señala Juan Merino, consejero delegado de la empresa. El directivo considera que el mercado español necesita de mayor seguridad jurídica para consolidar un cambio de modelo donde el alquiler cuente con un mayor peso.

Finalmente, el catedrático Montalvo lamenta que el llamado pacto de rentas que lleva pregonando el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses haya recaído, principalmente, en el propietario inmobiliario. “El Gobierno piensa que el sector o los propietarios ganan mucho dinero, pero debe de ir con cuidado con no equivocarse porque corre el riesgo de que la oferta de vivienda en alquiler se reduzca de forma importante”, concluye Montalvo.

Entre las medidas de la futura Ley de la Vivienda se encuentra la creación de un índice, que entrará en vigor a partir de 2024 y con una revalorización por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC), que determinará la actualización de las rentas de los contratos en vigor. Una vez concluido el contrato, se tomará como referencia para el nuevo el precio del alquiler del último año.

La futura normativa, además, eleva el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida del 30% al 40% del suelo urbanizable, y del 10% al 20% en el caso de suelo urbano no consolidado.