La Generalitat rebaja a cinco los inmuebles para ser considerado gran tenedor

Catalunya estrecha el cerco a los grandes propietarios. La Generalitat anunció en junio su deseo de limitar el precio del alquiler en 140 municipios tensionados para la compra de una vivienda, pero tras las 50 alegaciones contrarias que recibió la medida el Govern ha tomado cartas en el asunto. Ester Capella, consellera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado que, a partir de ahora, las personas que tengan en propiedad cinco viviendas serán consideradas grandes tenedores.

La segunda medida que ha aprobado Capella afirma que, a partir de ahora, los promotores de pisos vinculados al alquiler social dejarán de formar parte de la categoría de gran tenedor. Sin embargo, se deja fuera de esta decisión a los promotores privados de viviendas que tengan como objetivo social la promoción de inmuebles de protección oficial destinados a la venta y no al alquiler.

Teniendo en cuenta estas dos decisiones, la Generalitat ha definido al gran tenedor como “la persona física o jurídica propietaria de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros con la excepción de los promotores sociales”.

En los 140 municipios que la Generalitat consideró como zonas tensionadas viven más de seis millones de personas, un 80,6% de la población total catalana

Será en estos 140 municipios donde el Govern aplicará las medidas de contención de las rendas que recoge la ley estatal. De esta manera, el alquiler de nuevos convenios no podrá superar el precio del contrato estipulado durante los últimos cinco años y, cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá superar el índice de referencia del precio de alquiler.

De las alegaciones que recibió la Generalitat, el Departamento de Territorio ha confirmado que se han desestimado todas aquellas quejas que solicitaban una compensación económica para los propietarios, aquellas que ponían en duda las capacidades de la Generalitat para controlar el precio del alquiler y todas aquellas que desconfiaban de los números y los informes que utilizó la entidad para redactar la memoria final.

Para Capella, “Catalunya ha pisado el acelerador para garantizar el derecho a la vivienda porque estamos en una situación de emergencia y a los gobiernos nos compete responder a las necesidades de la ciudadanía y, en esta dirección, el Govern de Catalunya hace todo lo posible para garantizar este acceso fundamental, que es la puerta de entrada de todos los demás derechos”, según ha insistido la consellera.