La Generalitat catalana reenfoca su política patrimonial para el alquiler a la propiedad

Alquiler por propiedad. El Govern ha anunciado una reorientación de su política patrimonial, priorizando la propiedad en lugar del alquiler para los inmuebles de uso administrativo. Natalia Mas Guix, consejera de Economía y Hacienda, y Josep María Aguirre, director de general del Patrimonio de la Generalitat, han explicado este lunes la nueva estrategia patrimonial, donde también ponen énfasis a las nuevas de trabajar en la Administración.

Según han anunciado, objetivo del Govern es alcanzar el máximo ahorro en el gasto inmobiliario, garantizar la estabilidad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos y dotar a la Generalitat de mayor patrimonio tras la pérdida de activos que se produjo entre los años 2012 y 2014. Las ventas sucedieron en un contexto de crisis, cuando la Generalitat vendió cuarenta inmuebles de propiedad en Barcelona con la finalidad de obtener ingresos extraordinarios que ayudasen a reducir el déficit público.

El director general del Patrimonio de la Generalitat, Josep Maria Aguirre, ha subrayado que la nueva estrategia, que será aprobada mañana durante la reunión del consejo ejecutivo, “es una ventana de oportunidad que permitirá al Govern proyectar cómo queremos que sea la política patrimonial del futuro de la Generalitat”, según señala Aguirre.

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda asegura que “el coste directo de los arrendamientos disminuirá y los costes indirectos de los servicios y suministros asociados a los inmuebles también, gracias a la optimización y transformación de los espacios”.

En esta línea, la tarea principal de esta nueva reorientación es revertir la situación actual de Barcelona, en la cual, el 63% de la superficie ocupada es en régimen de alquiler, mientras que el 22% es de propiedad. Con ello, el objetivo es llegar a 2038 con el 68% de las oficinas en propiedad.

La Generalitat prevé llegar a 2038 con el 68% de las oficinas en propiedad

La Generalitat ocupa actualmente otros inmuebles en régimen de arrendamiento cuyos contratos finalizan en los próximos 14 años, por lo que en este período habrá que reubicar a cerca de 11.000 personas.

Para hacer frente a esta situación, la nueva política patrimonial del Govern contempla varias actuaciones como la construcción de varios inmuebles, la rehabilitación integral y adecuación de inmuebles propios adaptables al modelo de trabajo híbrido, y la optimalización de espacios de algunos edificios ocupados actualmente, tanto de propiedad como en alquiler a largo plazo.  De esta forma, se podrán atender las necesidades de reubicación más inmediatas sin tener que contratar nuevos alquileres, hasta que los nuevos edificios de propiedad estén disponibles.

Con este nuevo modelo de propiedad se obtendrán importantes ahorros recurrentes tanto en costes directos (renta) como en costes indirectos (servicios y suministros asociados a los inmuebles) que permitirán recuperar la inversión realizada en un plazo de tiempo razonable que se estima inferior a 10 años en la mayoría de operaciones, y generar ahorros a partir de esa fecha que se podrán dedicar a otras políticas públicas. Asimismo, estos inmuebles suponen un activo que, en un mercado como Barcelona, ​​mantendrá o, muy probablemente, incrementará su valor.