Residencial

El fracaso de la reserva del 30% de vivienda social en Barcelona impulsa una reforma normativa

El descenso en la media de licencias de obra nueva en suelo plurifamiliar, que ha pasado de 1.114 viviendas anuales entre 2000 y 2016 a sólo 60 en los últimos años, evidencia un cambio en la actividad del sector inmobiliario.

El fracaso de la reserva del 30% de vivienda social en Barcelona impulsa una reforma normativa
El fracaso de la reserva del 30% de vivienda social en Barcelona impulsa una reforma normativa

Marc Cervera

15 oct 2024 - 00:00

¿Dónde está la reserva de vivienda de protección oficial (VPO) en Barcelona? La política impulsada por el Ayuntamiento de la capital catalana en diciembre de 2018, que obliga a los promotores a destinar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda social, ha quedado muy lejos de alcanzar sus objetivos iniciales. Desde la implementación de esta medida, que buscaba incrementar significativamente el parque de vivienda asequible, sólo se han creado 144 VPO, de las cuales únicamente 22 han sido finalizadas. Estas cifras contrastan con la meta de 2018 (con el gobierno municipal de Ada Colau) de alcanzar 334 nuevas viviendas sociales al año, lo que hubiera supuesto 1.670 unidades en cinco años.

 

La normativa, que se aplica tanto a la construcción nueva como a grandes rehabilitaciones en suelo urbano consolidado de más de 600 metros cuadrados, enfrenta dificultades desde su aprobación. El descenso en la media de licencias de obra nueva en suelo plurifamiliar, que ha pasado de 1.114 viviendas anuales entre 2000 y 2016 a sólo 60 en los últimos años, evidencia un cambio drástico en la actividad del sector inmobiliario.

 

“Se constata que la medida de la reserva del 30% de VPO no funciona,” subrayan fuentes de Apce. “Ya lo alertamos cuando se aprobó en la anterior legislatura municipal y los datos nos dan la razón; es necesario un cambio profundo en esta normativa para desencallar la construcción de vivienda en Barcelona.”

 

 

 

 

Ante este balance negativo, el gobierno municipal ha anunciado una reforma de la norma, cuyo debate y tramitación se aplazará al menos hasta 2025. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha señalado que actualmente no existe el consenso político necesario para avanzar en la modificación, aunque el compromiso con la medida sigue firme.

 

Entre las propuestas en estudio está la posibilidad de flexibilizar la localización de las viviendas sociales, permitiendo que el 30% se construya en solares de barrios adyacentes, o la opción de que los promotores compensen al Ayuntamiento económicamente, en lugar de ceder pisos.

 

Además, se contempla que varios promotores puedan concentrar la reserva de viviendas en un solo edificio, facilitando así la gestión. Esta opción, según fuentes municipales, permitiría superar algunos de los obstáculos burocráticos y urbanísticos que han ralentizado la ejecución de la normativa.

 

 

 

 

En paralelo, el gobierno de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha señalado que está trabajando en medidas estructurales para hacer frente a la crisis habitacional. Una de estas iniciativas es la eliminación de los pisos turísticos, con el objetivo de recuperar hasta 10.101 viviendas para uso residencial en Barcelona antes de noviembre de 2028. Esta medida, junto con la reforma de la reserva del 30%, forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la oferta de vivienda asequible y garantizar el acceso a la vivienda.

 

Collboni ha subrayado la necesidad de incrementar la oferta residencial para evitar que los habitantes se vean forzados a abandonar la ciudad debido a los altos costos de la vivienda. La reforma del 30%, según apuntan desde el consistorio, buscará involucrar de forma más efectiva al sector privado en la promoción de vivienda social, un desafío que continúa siendo prioritario en la agenda política de Barcelona.

 

“A falta de conocer la concreción de dicha propuesta, y por lo que se ha ido publicando en prensa, desde Apce creemos que debe realizarse una modificación profunda de la norma que mejore la situación actual si queremos aumentar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda,” señalan desde Apce. “Entendemos que las fórmulas apuntadas pueden solucionar algún supuesto, pero tememos que dicha modificación pudiera quedarse corta,” agrega la entidad.