Vivienda asequible, alquiler público y planes contra la ocupación: ¿Qué proponen los partidos en residencial?

Vivienda asequible, alquiler público y lucha contra la ocupación ilegal. Estas son las principales propuestas para el sector residencial de Psoe, PP, Ciudadanos, Podemos, Vox y Más País para las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 10 de noviembre. Así, todos los partidos excepto Vox cuentan con planes para ampliar el parque de inmuebles que cuenten con un alquiler asequible para aquellos colectivos con menos poder adquisitivo.

En este sentido, el PSOE asegura que la igualdad de derechos debe traducirse en “la promoción de suficiente oferta de viviendas asequibles que permitan la emancipación de nuestros jóvenes”. Para ello, el partido dirigido por Pedro Sánchez propone la construcción de 20.000 viviendas protegidas y crear un “gran parque de alquiler público de precio asequible” que también incluiría la rehabilitación de inmuebles para el arrendamiento.

Propone impulsar una “oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles”. Para hacerlo, promete movilizar las viviendas vacías y a los grandes “tenedores de vivienda” y frenar “las subidas abusivas de precios”. Asimismo, los jóvenes “recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta”. En este sentido, propone la creación de un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil “para facilitar el acceso asequible a la vivienda”.

Por otro lado, también propone “ampliar la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas dediquen parte de su superávit a la rehabilitación de viviendas”, entre otras necesidades sociales.

Por último, el actual partido en el gobierno promete implementar un Plan de Vivienda Sostenible para rehabilitar inmuebles con criterios de eficiencia energética, energía distribuida y acceso a la vivienda.

Por su parte, el PP pone el foco en los incentivos fiscales, como la eliminación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual o implementar beneficios fiscales a la vivienda habitual. En este sentido, también ofrece una deducción fiscal a las rentas de los alquileres, especialmente cuando los inquilinos sean jóvenes o mayores de 65 años “con ingresos bajos”.

Asimismo, el partido de Pablo Casado asegura que favorecerán “el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes”. Además, de implementar un sistema de arbitraje para resolver los conflictos entre las partes.

Por otro lado, se compromete a destinar suelo público para levantar “100.000 nuevas viviendas” destinadas al alquiler asequible “favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada, que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos”. En este sentido, el PP promete prorrogar “hasta 2023 la moratoria en los desahucios de familias con hijos en situación de vulnerabilidad”.

Finalmente, asegura que se reforzará “el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad”. Además, prevé agilizar “los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas” y considerar “nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona ocupe ilegalmente una vivienda”.

Ciudadanos también propone la recuperación “en 48 horas” de las viviendas ocupadas y permitirá a las comunidades de vecinos “iniciar el desalojo en caso de inacción” de los titulares de la vivienda. Por otro lado, promete desarrollar “un marco regulatorio único a nivel nacional para el alquiler vacacional”. En este sentido, prevé recuperar las competencias, hasta ahora autonómicas, y mejorar los controles para acabar con la oferta ilegal.

Asimismo, el partido liderado por Albert Rivera propone una revisión de la normativa del alquiler que mejore “los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido”, facilite la “rehabilitación y puesta en alquiler de las viviendas vacías”, y cree un sistema arbitral de arrendamientos urbanos “sencillo, rápido y gratuito”.

Ciudadanos también asegura que crearan una ayuda “de hasta 15.000 euros para cubrir el coste de la entrada” de la primera vivienda en propiedad “con un préstamo sin intereses que se podrá devolver poco a poco a través del IRPF”. Por otro lado, también se compromete a facilitar “los contratos de alquiler con opción a compra” en los que el inquilino podrá aprovechar el dinero del alquiler como inversión para la posible compra del piso. Además, promete garantizar “la renta en caso de impago” a los propietarios “que alquilen por debajo del precio de mercado para que les compense bajar los precios”.

Finalmente, prevé una “Ley nacional de Vivienda” que simplifique los trámites en los proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas e “incrementar el parque de viviendas sociales de alquiler” con ayudas a la rehabilitación y a “la colaboración público-privada en la provisión de viviendas sociales”.

En lo que a Unidas Podemos se refiere, el partido promete “blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad”. Asimismo, prevé “intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias”.

En este sentido, también se compromete a garantizar “un alquiler estable, asequible y seguro” y la implementación de “un contrato de arrendamiento indefinido” que establezca “causas claras de rescisión justificada”. Además, en caso de que “el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática”.

Por otro lado, promete a crear un parque de alquiler público de precio asequible “mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción de vivienda donde sea necesario”, con el que prevé incrementar en 50.000 viviendas al año el parque de vivienda en alquiler social. Por otro lado, garantiza que se rehabilitarán “al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz”.

El partido liderado por Pablo Iglesias también se compromete en la “lucha contra los fondos buitre uy la especulación con la vivienda” y afirma que “acabaran con las socimi”. Además, prevé poner “coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos”, prohibir los desalojos sin alternativa habitacional en caso de familias en situación de vulnerabilidad y proteger a los deudores hipotecarios sin recursos suficientes.

Finalmente, Podemos también promete prohibir “la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando menos impuestos”.

Vox, por su lado, centra sus propuestas políticas en la promulgación de “leyes antiocupación y antiusura”. En este sentido, promete que se pueda “hacer uso de la fuerza proporcional para defender el hogar”, ampliando el concepto de legítima defensa.

Además, el partido de Santiago Abascal promete tipificar la ocupación “como delito contra la propiedad privada” y una reforma legislativa para que “los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado”. Además, propone que “la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales”.

Por último, Más País propone incrementar la inversión en políticas activas de vivienda alcanzando el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) “al final de la legislatura”. Además, prevé revisar el régimen fiscal a las socimis “que variará en función de si la entidad decide alquilar o no las viviendas que se encuentran bajo su titularidad a precios de alquiler asequible y regulado”.

En este sentido, también promete fomentar “la construcción de viviendas para alquiler asequible en suelos públicos, en régimen de cesión de derecho de superficie, a través de sociedades público-privadas” y crear “reservas de terrenos en las zonas urbanas con mayores incrementos del precio de compra y alquiler de viviendas”. Por otro lado, se compromete a regular “de forma responsable los precios de alquiler con el objetivo de frenar la espiral de precios al alza”.

Por otro lado, el partido de Íñigo Errejón promete promover la rehabilitación energética sostenible de viviendas con “una bonificación en el IBI del 50% de la cuota y la implantación de una bonificación potestativa del 90% en el ICIO”.

Además, prevé redactar una normativa estatal “que defina con claridad la figura de vivienda de uso turístico, entendiéndola como una actividad comercial y desligándola del uso residencial”.