Apce y Colliers cifran en 2,7 millones el déficit de viviendas en 2039 con el ritmo actual

Transformar y gestionar un suelo para vivienda requiere una media de 10 a 15 años (o incluso 20, en algunos casos). Además, los actuales niveles de producción causarían que, dentro de 15 años, el déficit llegara a ser de 2,74 millones de casas. Son algunas de las principales conclusiones del informe Necesidad de Suelo en España, elaborado por Asociación de Promotores Constructores de España (Apce España) y la consultora Colliers, que ha sido presentado esta mañana en la sede de Ceoe en Madrid.

Mikel Echavarren, presidente y consejero delegado de Colliers en España y Portugal, ha destacado que la creación de hogares sirve como base para la economía del país y la generación de Producto Interior Bruto (PIB). Además, el directivo ha señalado que el crédito al sector promotor ha disminuido en un 40% en los últimos años.

Echavarren también se ha referido al “problema gigantesco” de acceso a la vivienda en Canarias (con un incremento del número de hogares siete veces superior al de viviendas) y otras zonas, como Madrid, Barcelona y Valencia (entre tres y cinco veces más). “Esto no se resuelve simplemente poniendo trabas a los apartamentos turísticos”, ha afirmado.

Por su parte, Xavier Vilajoana, presidente de Apce España, ha empezado su intervención planteando que, con unos plazos de 20 años, es imposible que se acierte sobre cuál será la situación y la necesidad de la vivienda en el país cuando el proceso haya finalizado (tras esas dos décadas). “Las causas de este problema son múltiples, igual que las consecuencias y las soluciones”, ha afirmado.

El aumento de hogares en Canarias es siete veces superior al de viviendas

Entre las razones, ambas entidades aseguran que se encuentran la complejidad regulatoria, la inseguridad jurídica y las estructuras de propiedad complejas, así como la falta de financiación y una normativa obsoleta, entre otras. Todo ello desemboca, ha argumentado Vilajoana, “principalmente en la dificultad de acceso a la vivienda”. El portavoz ha mostrado su “esperanza para poder influir en la conciencia de algunos al frente de las administraciones públicas que contribuyan a ir mejorando la situación”.

Vilajoana ha subrayado que, “en materia de vivienda, tanto el sector público como el privado deben tener exactamente las mismas motivaciones: dar el máximo de cada tipo de vivienda, cada uno en su justa medida y dentro de sus posibilidades”. Y ha añadido que, “si alguien quiere vivir en vivienda libre, debe poder hacerlo. Nadie, ni ninguna administración, debería imponerle nada”.

El informe también apunta otras consecuencias de los plazos dilatados, como el incremento del precio del suelo, las desigualdades a lo largo del territorio español, la modificación de necesidades urbanísticas y la falta de inversión, por ejemplo.

En cuanto a potenciales soluciones, Colliers y Apce proponen garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones, promover la seguridad jurídica y mayor certidumbre en regulaciones y plazos, incrementar y mejorar los medios técnicos y materiales, unificar objetivos y medidas entre las distintas administraciones, solventar las dificultades de complejas estructuras de la propiedad, y reducir la complejidad regulatoria existente. En relación esta última, Vilajoana ha deseado que “no intentemos solucionar el corto plazo con decisiones que van a marcar el medio y largo plazo”.

Reclaman más acuerdos entre las diferentes administraciones públicas

Según la consultora y la asociación, las soluciones a corto plazo pasarían por ayudas para rehabilitar el stock existente, facilidades para la finalización de obras con la construcción paralizada (WIPs), flexibilización de cambios de uso para permitir lo demandado en cada momento y permitir cambios de uso a residencial en parcelas que no se han desarrollado (destinando un porcentaje de edificabilidad a vivienda protegida).

En respuesta a preguntas de los periodistas, el líder de Colliers ha subrayado que hay inversores que no destinan “ni un centavo al desarrollo de suelo” y ha explicado que, “después de cinco años de espera, los procesos (tal y como están configurados actualmente) te pueden devolver a la casilla de salida”. Ha rematado que en países como por ejemplo, Reino Unido, se invierte mucho más que en el español “porque hay más seguridad en su mercado”.

Al ser preguntado por la Ley del Suelo, Vilajoana ha explicado que hubo una primera versión (elaborada por un Gobierno del Partido Popular), que recogió más tarde un Gobierno socialista con algunas modificaciones, pero, cuando empieza la negociación con los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados, “ya se entra en el plano político y empiezan las discrepancias”.

Por ello, el presidente de Apce propone que “los políticos deberían olvidar las ideologías”, puesto que “suponen una primera piedra que no nos permite iniciar el camino”. Y ha recordado que la Ley del Suelo tiene “el apoyo de la mayoría de alcaldes en todo el país, independientemente de sus colores políticos”.