El alquiler asequible suma 4.000 millones de créditos ICO con la ampliación del Perte

El alquiler asequible gana peso en el plan de recuperación. El documento aprobado por Bruselas prevé la creación de un nuevo fondo de 4.000 millones de euros para “ayudar a reconstruir el parque de vivienda pública e impulsar también la iniciativa privada para alquiler asequible” que se desplegará a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El objetivo de este paquete es tanto mejorar el parque de vivienda actual como incrementarlo, según la última modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la adenda.

De los 4.000 millones de euros destinados a los créditos ICO, 3.130 millones irán a la promoción de nuevas viviendas, mientras que los 870 millones de euros restantes se invertirán en la renovación de inmuebles ya existentes. Los nuevos activos que quieran beneficiarse de estas ayudas deberán lograr un consumo de energía primaria al menos un 20% inferior a los requisitos nacionales de “consumo casi nulo”, mientras que, para las rehabilitaciones, la reducción frente al consumo de energías no renovables tendrá que ser del 30%.

Para todos ellos, la condición imprescindible es que la vivienda vaya destinada a un alquiler asequible o social. También podrán beneficiarse aquellos activos que cedan las viviendas a alquiler social durante cincuenta años. Para ejecutar este paquete, el Gobierno tiene hasta el 31 de agosto de 2026, según el compromiso alcanzado con Bruselas.

Además de los nuevos créditos ICO para el residencial, se ha añadido una batería de medidas para para incrementar la oferta de vivienda en alquiler. En concreto, estas reformas pasan por la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 para agilizar los procesos urbanísticos para las rehabilitaciones y la construcción de vivienda asequible.

La vivienda también podrá beneficiarse de los 20.000 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica

Para ello, se realizará la publicación de una guía de recomendaciones y buenas prácticas para simplificar y agilizar las licencias urbanísticas, promover la comunicación entre las administraciones locales, autonómicas y estatales, aplicar medidas de sistematización y optimización de procesos y el futuro desarrollo de proyectos piloto en diferentes contextos territoriales. La fecha límite acordada con Bruselas para realizar estas medidas es el 30 de junio de 2025.

La vivienda también podrá beneficiarse de los 20.000 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica que gestionará el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este paquete actuará sobre la vivienda social y asequible y regeneración urbana, pero también en otros tramos como el transporte sostenible, competitividad industrial y de las Pymes, investigación desarrollo e innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos.

Las medias también han sido aprobarse para alinearse con las exigencias del Semestre Europeo, el marco en el que se coordinan las políticas económicas de los países de la Unión Europea. Para cumplir con las demandas de Bruselas España incrementará la disponibilidad de viviendas sociales energéticamente eficientes, a través de medidas que promuevan la oferta de viviendas en alquiler, así como la inversión en rehabilitación y renovación de las viviendas existentes.

El conjunto de la adenda supone en revulsivo de 27.000 millones de euros de recursos adicionales para los Perte. El más beneficiado ha sido el de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (PERTE ERHA), ya que se ha incorporada la financiación del plan de RepowerEU, que busca reducir la dependencia a los combustibles fósiles rusos.

Con la aprobación de la adenda por parte de la Comisión, se pone en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación y se retrasa todo el calendario de desembolsos. En concreto, con las nuevas medidas, las previsiones del Gobierno se desplazan seis meses adelante. En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros entre 2021 y 2026, lo que equivale a un 12% del Producto Interior Bruto (PIB) español.