El Ayuntamiento de Madrid, contra Botella: demanda a la exalcaldesa por la venta de VPO a Blackstone
El gobierno municipal denuncia también al exconsejero de la EMVS Fermín Oslé, así como a los exmiembros de la Junta Dancausa, Núñez Guijarro, González García, Navarro y Corral.
2 nov 2017 - 17:13
El Ayuntamiento de Madrid quiere llevar ante la justicia a Ana Botella. El consistorio ha demandado ante el Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa y a varios de los integrantes de su anterior gobierno por la venta de 18 promociones de vivienda protegida de la EMVS a Fidere, la filial española del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Una operación que dejó un perjuicio de 127 millones de euros a las arcas públicas.
En concreto, la denuncia acusa, además de a Botella, al exconsejero de la EMVS Fermín Oslé y los entonces miembros de la Junta Concepción Dancausa, Enrique Núñez Guijarro, Paz González García, Pedro Corral, Diego Sanjuanbenito y Dolores Navarro, según Efe.
En el escrito, el equipo de gobierno de Manuela Carmena ha puesto en cuestión dos operaciones que se llevaron a cabo en otoño de 2013. La primera de ellas fue la venta de 34 pisos y dos plazas de garaje, a la que se sumó una operación de mucho mayor calado como fue la relacionada con 18 promociones completas de vivienda protegida.
Para la compra de los 34 pisos y dos garajes, Avellanar Inversiones y Madrid Town Inversiones pagaron 2,07 millones de euros, un precio que, según los técnicos, debería haber sido de 6,31 millones de euros, atendiendo al valor del mercado en 2013.
Mientras, con respecto a la macroventa de 18 promociones de VPO (5.315 viviendas), por las que Fidere abonó 128,5 millones de euros, el Ayuntamiento de Madrid asegura que su valor era de 249,27 millones de euros, tras la valoración de una sociedad de tasación que cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda.
En palabras del actual consejero de la EMVS, Francisco López, con la demanda se inicia “un procedimiento contable en el que se reclama una restitución del valor económico que dejó de percibir por la venta de patrimonio público por un precio muy por debajo del real". En total, el consistorio cifra el perjuicio para las arcas públicas por estas dos operaciones alcanzaría "como mínimo, los 55 millones de euros”. Un dinero que se reclama ahora a los responsables de tomar dichas decisiones.
El gobierno de Carmena denuncia que en las 18 promociones vendidas "se prescindió de trámites de naturaleza económico-financiera como la tasación de los inmuebles, la fijación del precio, los informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación”.
Por la venta de las 34 viviendas se solicitan 4,05 millones de euros; 120,77 millones de euros por las 18 promociones y 2,39 en concepto de lo que considera el gobierno municipal “la intermediación innecesaria".