De Baltasar a Colau: Cataluña vuelve a afilar su política de vivienda

Cataluña afila su política de vivienda. Este mismo martes, el Gobierno catalán ha aprobado un decreto ley que le permitirá expropiar pisos de bancos que lleven más de dos años vacíos. Este lunes, la consejera de justicia, Ester Capella, anunció que el ejecutivo catalán propone limitar el precio del alquiler y alargar la duración mínima de los contratos entre seis y diez años. 

Al mismo tiempo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció la imposición de una multa de casi tres millones de euros a dos fondos de inversión por tener dos fincas vacías desde hace más de seis años. Una política de vivienda que recuerda a los tiempos del tripartito de PSC, ERC e ICV, cuando se aprobaron las “expropiaciones temporales” de pisos desocupados.

El 12 de diciembre de 2006, el Govern de José Montilla aprobó el proyecto de ley del derecho a la vivienda. “La Generalitat fomentará que las viviendas desocupadas permanentemente se incorporen al mercado inmobiliario”, aseguraba el comunicado posterior al acuerdo del ejecutivo.

El entonces consejero de vivienda, Francesc Baltasar, proponía que la Generalitat aplicara un “alquiler social” forzoso a todos aquellos pisos desocupados por un periodo superior a los dos años, y siempre que el propietario hubiera desoído previamente las advertencias de la administración para poner la vivienda al mercado. 

En ese caso, la Generalitat procedería a expropiar el usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros como vivienda social. La ley se aprobó finalmente en el Parlament un año después, en diciembre de 2007, con los únicos votos favorables de los partidos del gobierno.

La ley de 2007 proponía que se expropiara el usufructo de la vivienda de los pisos desocupados durante más de dos años

Este mismo martes, el Govern de Quim Torra ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que recuerda a las medidas aprobadas en 2007. La ley materializa que la calificación de los futuros pisos sociales sea permanente y que la administración sólo haga vivienda protegida de alquiler.

La ley también permite expropiar los pisos de bancos o grandes tenedores que lleven más de dos años vacíos, una medida aprobada por el Gobierno de Artur Mas en 2015 y que quedó en suspensión por el recurso del expresidente Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional. Esta ley “da una vuelta más y se permite las multas coercitivas, la expropiación del uso temporal para destinar las viviendas de alquiler social y la expropiación definitiva de las viviendas vacías que no cumplan con su función social”, ha asegurado el consejero de territorio, Damià Clavet.

Además de esta medida, Ester Capella, anunció este lunes que el Govern está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que limite el precio del alquiler y alargue la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años. 

El departamento de Justicia estudia la posibilidad de que la ley establezca condiciones diferentes en función de si los propietarios de la vivienda son particulares o las empresas del sector inmobiliario. En el caso de tratarse de un arrendatario particular, la duración del contrato sería previsiblemente inferior.

“Diferenciar entre los propietarios confunde al mercado”, asegura Marc Torrent, director general de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (Apce). “Las personas físicas y jurídicas tendrían que estar sometidas a las mismas reglas de juego porque el mercado del alquiler es el mismo”, añade.

La Apce califica de “discriminación” diferenciar los contratos de alquiler en función del propietario

En cuanto al precio del alquiler, el Govern propone que el límite lo imponga el departamento competente en materia de vivienda, ya sea directamente o a través de los ayuntamientos. “Limitar la oferta puede llevar a consecuencias contrarias a las esperadas”, advierte Torrent.

La ley se incluirá en el Código Civil de Cataluña, pasando por encima de la ley española de arrendamientos urbanos (LAU). Una ley que también está sujeta a cambios, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado viernes un decreto ley que aumentará los plazos de alquiler de tres a cinco años y limitará a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los inquilinos.

De todas formas, puede ser que esta ley no se llegue a aplicar en Cataluña. Las leyes sujetas al derecho civil español sólo se aplican en Cataluña cuando no están previstas por el Código Civil catalán. Como, hasta ahora, el arrendamiento de fincas urbanas no estaba regulado, el marco de referencia era la LAU. Sin embargo, si la ley del Gobierno de Quim Torra tira hacia delante, el marco legal pasaría a ser el catalán, aseguran fuentes del Govern.

En cualquier caso, la propuesta del Govern apenas ha echado a andar. Ahora mismo se encuentra en fase de redacción, por lo que aún puede estar sujeta a los cambios que planteen durante la negociación las asociaciones o instituciones vinculadas al sujeto. Está previsto que el Departamento de Justicia lleve la memoria preliminar de la ley este abril y que se debata en el Parlament a finales de año.

Colau multa a dos fondos de inversión

A esta propuesta se suma la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este lunes anunció la imposición de una multa de 2,8 millones de euros a dos fondos por tener un total de 24 pisos vacíos desde hace más de dos años. La fórmula empleada para multar a estas entidades, que ella calificó como “fondos buitre”, fue precisamente la ley aprobada del derecho a la vivienda durante el tripartito, que contempla también sanciones por el “mal uso” de la vivienda.

“En Barcelona no hay un gran porcentaje de viviendas desocupadas”, asegura el director general de la Apce. Según Torrent, si se da esta situación es, o bien porque se están llevando a cabo procesos de rehabilitación del edificio, o porque son viviendas inmersas en procesos litigiosos.

Una de las medidas más sonadas en materia de vivienda propuestas por el Gobierno municipal de Colau es la conocida como ley del 30%, que obliga a los promotores privados a destinar un 30% de los pisos a vivienda asequible, una propuesta que cuenta con el rechazo de las asociaciones promotoras.