Andalucía impulsa su Ley de Vivienda y construirá 20.000 VPO en cinco años
Ante el “fracaso” de la Ley Nacional aprobada por el Gobierno, Andalucía promueve su propia Ley de Vivienda con el objetivo de que haya más residencias a precios asequibles en la zona, incluso en suelos reservados a otros fines.
24 jul 2024 - 09:01
Andalucía impulsa su propia Ley de Vivienda. El Gobierno andaluz se ha posicionado en contra de la Ley Nacional que promueve Pedro Sánchez, a la cual tildó de “fracaso” y lanza su propio texto con el fin de promover más espacios residenciales en la Comunidad Autónoma. El anteproyecto de la futura ley andaluza de vivienda comenzó su tramitación el martes y debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz.
El Ejecutivo andaluz, presidido por Juanma Moreno (Partido Popular), buscará simplificar los trámites para construcción de viviendas protegidas e incluso levantar VPO en suelos que están reservados para instalaciones deportivas y otro tipo de equipamientos.
De acuerdo con la Junta de Andalucía, “el Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto los problemas que sufren los ciudadanos para poder acceder a una residencia” y por eso han avanzado por sus propios medios.
Mientras se pone en marcha la ley, el Gobierno andaluz podrá establecer un plan de choque a favor de la construcción de VPO en suelos, que, en principio, están catalogados para otros fines. Las licencias para las nuevas VPO deben pedirse en dos años y las construcciones deben estar finalizadas en un máximo de tres años. Con todo, el Gobierno prevé alcanzar la construcción de 20.000 VPO en cinco años.
Andalucía ya se había presentado en varias ocasiones en contra de la Ley Nacional de Vivienda
Se estima que la ley andaluza entre en vigor en marzo de 2025. Mientras tanto, la Junta prepara una serie de modificaciones del plan urbanístico con el objetivo de poder dotar los suelos a construcciones VPO.
La medida tomada por Andalucía va en línea con la respuesta que han tenido varias comunidades autónomas frente a la Ley de Vivienda como el caso de Cataluña, País Vasco, Madrid y Baleares.