El Gobierno prorroga el tope al incremento del alquiler hasta finales de 2023

El tope al alquiler, prorrogado hasta finales de 2023. El Gobierno ha anunciado este martes que ampliará el límite del 2% en la actualización del alquiler hasta final de 2023. La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario EH Bildu, por el que la formación política vasca se compromete a dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del próximo curso.

La medida establece, que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición.

De acuerdo con la regulación aprobada a final de marzo, la cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario, estableciéndose que, en caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización.

La medida establece, que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el IGC, un índice situado en el 2%

Además, dictamina que, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización, entendiéndose como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

Desde el sector ya se calificó en marzo como una medida desafortunada y ante cada renovación de la misma, volvió a expresar su queja. La Asociación de Propietarios de Vivienda en alquiler (Asval) considera “inaceptable” que se prorrogue una medida “que supone la privación del derecho de propiedad a más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española”, denuncia Asval, que también señala que “se carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la administración.”