La vivienda, un verdadero problema de Estado, según los Diputados en el Congreso

“Las políticas intervencionistas de la nueva Ley de Vivienda (Ley 12/2023), la permisividad con la ocupación ilegal y, sobre todo, la falta de oferta residencial, tanto pública como privada, han hecho que el acceso a la vivienda se haya convertido en uno de los principales problemas para los españoles, un verdadero problema de Estado”. Así de rotundo se muestra Joan Mesquida Mayans, diputado popular y miembro de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados, en declaraciones a EjePrime.

Por su parte, la diputada socialista Milena Herrera, que también forma parte de este órgano de la cámara baja, señala. “La vivienda se ha convertido en el principal problema para la ciudadanía de muchos lugares de España”, apunta la diputada. “No hablamos exclusivamente de personas con rentas bajas o jóvenes, sino de graves dificultades de acceso para trabajadores, clases medias o familias. Es un problema de Estado”, concluye Herrera.

Estos parlamentarios añaden: “Es un problema que se agrava especialmente en las ciudades turísticas porque, además de segundas residencias y viviendas turísticas legales, existe una notable oferta de vivienda irregular o ilegal, que ha retirado una cantidad importante de viviendas del mercado de alquiler y compraventa”.

La coyuntura está provocando un incremento de precios inasumible para parte de la ciudadanía, lo que “está obligando a muchas personas a vivir en condiciones indignas, compartiendo piso con diferentes familias (incluso habitaciones), o viviendo en caravanas o vehículos de todo tipo, algo especialmente dramático en Baleares”, indica la socialista. 

Los populares critican también “las políticas intervencionistas de la nueva Ley de Vivienda y la permisividad con la ocupación ilegal” del gobierno central

El diputado popular señala datos de abril de 2024, cuando el precio del alquiler registró un incremento interanual del 12%, frente al 2,7% experimentado en 2022, según el INE. “Hay otro dato escalofriante: cada piso de alquiler cuenta a día de hoy con 27 demandantes, mientras que hace solo un año los candidatos eran 17 por cada uno”, subraya Mesquida Mayans.

En cuanto a posibles vías para solucionar esta situación, ambos consideran esencial seguir tomando medidas. La socialista destaca: “Es imprescindible que todas las administraciones públicas utilicen las herramientas de la nueva Ley de Vivienda”. Mientras tanto, Mesquida Mayans señala precisamente a esa ley como la causa por la que la situación se ha agravado. “Los jóvenes que quieren emanciparse sufren un verdadero drama. Y el gobierno, lejos de poner soluciones, agrava el problema con planteamientos más dogmáticos que efectivos”, indica el popular.

Desde el Grupo Parlamentario (GP) Popular, afirman que quieren proponer alternativas y dicen que existe otra forma de gobernar. Mesquida Mayans explica: “Seguiremos haciendo una oposición firme, contundente y constructiva, como hasta el momento. Proponemos medidas para incentivar el mercado, como ya estamos aplicando en varias comunidades autónomas donde gobernamos”. Se refiere, por ejemplo, a avales del 20% en la compra de la primera vivienda para menores de 35 años, incentivos fiscales y seguros de impagos para aflorar viviendas vacías, potenciar la rehabilitación de viviendas, y posibilitar la conversión de locales comerciales o administrativos en Viviendas de Precio Limitado, entre otras acciones.

Por su parte, el GP Socialista dice que pretende contribuir con propuestas para avanzar en la concepción de la vivienda como un derecho para la ciudadanía. Herrera apunta: “Queremos trabajar para conseguir consensos duraderos, evitar el bloqueo de las Comunidades Autónomas a la Ley de Vivienda, para declarar zonas tensionadas y, en ellas, establecer topes a los precios de los alquileres”. Pone como ejemplo Cataluña, “que ya ha comenzado a aplicarla y muestra resultados, lo que nos debe servir para tomar medidas con el consenso de todas las administraciones”. Y remata: “El problema de la vivienda cada vez afecta a más personas y la derecha no puede fiar su solución únicamente a la ley de la oferta y la demanda”.

Los socialistas rechazan que los populares “fían la solución solo a la ley de la oferta y la demanda”

La falta de oferta supone un gran problema. Según el Banco de España, el país necesita unas 600.000 viviendas para equilibrar oferta y demanda. Mesquida Mayans apunta: “Necesitamos actuar en todos los frentes: dar seguridad a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, fomentar el modelo de Vivienda Protegida (tanto pública como privada), crear una verdadera Industria de la Rehabilitación para poner en el mercado pisos vacíos, y dar seguridad jurídica y agilidad en los trámites para nuevos planeamientos urbanísticos”.

Por su lado, Herrera explica: “La vivienda es un bien con el que se hace negocio y estamos en una sociedad de mercado, pero debemos ser justos y tener igualdad de oportunidades: es imprescindible tener un hogar digno. Somos partidarios de la intervención del Estado donde el mercado no garantiza la dignidad de las personas”. Y añade: “Otros grupos políticos apuestan por la desregularización total. Ya vivimos la experiencia de no intervenir, y algunas administraciones vendieron patrimonio habitacional a fondos. La gestión de anteriores gobiernos provocó una crisis histórica en el sector, que afectó sobre todo a las familias vulnerables”.

Al ser preguntados por sectores prioritarios en el acceso a la vivienda, el popular asegura: “Nuestro objetivo es que todos los españoles puedan acceder a una vivienda”. Y a partir de ahí, señala a los jóvenes como “los grandes demandantes de vivienda, que están completamente abandonados por el gobierno”, y a los más vulnerables, que necesitarían “viviendas sociales públicas, acompañadas de seguimiento por parte de los servicios sociales”, según el popular. La socialista, por su lado, menciona también a las personas con discapacidad, que demandan viviendas adaptadas, y a las mujeres víctimas de violencia machista, “para quienes normalmente, la falta de acceso a una nueva casa supone una enorme dificultad para poder salir de la situación de violencia que padecen”.  

Esta comisión fue constituida el pasado diciembre, tras la formación del gobierno en noviembre. En ella, han comparecido la ministra, Isabel Rodríguez, y el secretario de estado, David Lucas, quienes han afirmado estar dispuestos a trabajar junto al sector y a las comunidades autónomas, que “son quienes tienen plenas competencias en la materia”, con el objetivo de “encontrar soluciones conjuntas a la problemática del acceso a la vivienda”.