2021, el año en que España puso en evidencia a los economistas

Especial 2021: el año de las fusiones

Fue uno de los países avanzados que más acusó el impacto del Covid-19 en 2020 y debía ser también el que más rápido se recuperase en el conjunto de la zona euro en 2021. Así lo pronosticaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en julio ratificó sus buenas notas para la economía española: el organismo apuntaba que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecería un 6,2% en 2021 (rebajando dos décimas su previsión anterior) y un 5,8% en 2022 (1,1 puntos más de lo previsto tres meses antes). España iba a ser, como mínimo, la locomotora de la recuperación en Europa en 2021.

La teoría se fundamentaba en que iba a haber un rebote importante tras el batacazo de 2020, cuando una economía muy dependiente del turismo se contrajo un 10,8% en un ejercicio marcado por el estallido de la pandemia, las restricciones a la vida social y las limitaciones a la movilidad internacional de personas. Fue la caída más acusada del conjunto de la Unión Europa, donde el PIB se contrajo en su conjunto un 6%, y también de la zona euro, con una caída del 6,5%. De hecho, fue el único de los socios comunitarios en registrar una caída a doble dígito en el año del estallido de la pandemia, seguida por la contracción del 8,9% de la economía italiana y el ajuste del 8,2% de la economía griega.

Sin embargo, la realidad fue alejando la esperanza de una recuperación vigorosa y puso en entredicho no sólo la solvencia de los pronósticos anteriores, sino también la coherencia entre la marcha del PIB, el empleo o la recaudación fiscal. En buena medida, la economía española ha puesto en entredicho en los últimos doce meses la solvencia y credibilidad de las previsiones de los economistas.

En el primer trimestre, el PIB español continuó a la baja, con un descenso interanual del 4,2% (frente a la caída del 1,3% en el conjunto de la Unión Europea), para rebotar un 17,5% en el segundo trimestre. La decepción llegó con los resultados provisionales del tercer trimestre, cuando la economía perdió casi todo su empuje con un crecimiento de sólo el 2,7% en relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que poco antes había realizado una histórica revisión a la baja de su estimación sobre el crecimiento del PIB en el segundo trimestre.

Con un cuadro macro de euforia para el cálculo de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno recibió en octubre otro jarro de agua fría del exterior, cuando el FMI revisó (esta vez con dureza) sus previsiones para España. Según el organismo internacional, el PIB español cerrará 2021 con una subida del 5,7%, lo que supuso una rebaja de medio punto  respecto a sus anteriores estimaciones y una distancia de 0,8 puntos respecto a las previsiones del Gobierno, en el 6,5%.

España fue en 2020 el país de la Unión Europea que, con diferencia, resultó más castigado por el estallido de la pandemia

La Comisión Europea también se sumó en noviembre a la oleada de rebajas negativas sobre la evolución de la economía española, con un pronóstico aún más duro que el del FMI. Según el Gobierno europeo, el crecimiento de España en 2021 se quedaría en el 4,6%, lo que supuso una revisión de 1,2 puntos respecto a su anterior previsión, en un ajuste muy poco frecuente en este tipo de pronósticos.

El organismo comunitario aún dijo más, al apuntar que el país no recuperará los niveles de PIB y desempleo anteriores a la crisis del Covid-19 hasta 2023, convirtiéndose así en el último estado de la Unión Europea en dejar atrás los efectos de la pandemia. De hecho, la previsión para 2022 también baja ocho décimas, hasta el 5,5%, situándose esta vez sí por encima de la media europea y de la zona euro (ambas en el 4,3%). En 2023, según la Comisión, España volverá a registrar uno de los mayores crecimientos de la Unión Europea, escalando un 4,4% (frente a la media del 2,5% en el conjunto de la economía comunitaria).

En diciembre, el Banco de España se sumó a las rebajas con un recorte de casi dos puntos para 2021, hasta el 4,5%. Las estimaciones para 2022 también se rebajan ligeramente, hasta el 5,4%.

Por qué el PIB sube menos de lo esperado

La atonía del consumo privado, que incluso cayó respecto al trimestre anterior, fue la principal razón de que el PIB no creciera al ritmo esperado en el tercer trimestre. En concreto, se redujo un 0,3% entre julio y septiembre, frente a la subida del 3,5% que experimentó en el segundo trimestre.

En el caso de los hogares, el consumo retrocedió un 0,5% en el tercer trimestre, frente a la subida del 4,7% en el periodo anterior. Por su parte, el gasto público se elevó un 0,1% en el tercer trimestre, frente a la subida del 0,9% en el segundo. El único factor positivo fue la evolución de la inversión, que registró un aumento trimestral del 10,3%, frente a la caída del 2,2% del segundo trimestre.

Por componentes de oferta, el PIB español cayó con fuerza en el tercer trimestre en el sector primario, con un descenso del 10% en comparación con el mismo periodo de 2020, y en la construcción, con una contracción interanual del 8,2%. La industria creció un 0,4% sobre el tercer trimestre de 2020 (en el segundo la subida interanual había sido del 23,7%).

Los servicios, el sector que durante más tiempo sufrió las consecuencias del Covid-19 en 2020, fue el gran motor de la recuperación en el tercer trimestre, con un crecimiento interanual del 4,8%. Dentro del ámbito terciario, el mayor impulso correspondió a comercio, transporte y hostelería, con una subida interanual del 10,6%, seguido de actividades artísticas, recreativas y otros servicios, con un alza del 8,8%; información y comunicaciones, con un incremento del 4,9%, y actividades financieras y seguros, con una recuperación del 4,2%.

La decepción llegó con los resultados provisionales del tercer trimestre, cuando la economía perdió casi todo su empuje con un crecimiento de sólo el 2,7%

El crecimiento fue del 3% en administración pública, educación y sanidad, y del 2,7% en actividades profesionales, científicas, técnicas y otras. Sólo las actividades inmobiliarias fueron a la baja dentro del sector servicios, con una caída interanual en el tercer trimestre del 1,1%.

En buena medida estos datos reflejan la recuperación parcial del sector turístico, con un peso particularmente elevado en la economía española. El país batió antes del estallido del Covid-19 su récord histórico en llegadas de turistas internacionales, con un registro de 83,7 millones de visitantes, un 1,1% más que en el año anterior. En 2020, el Covid-19 paralizó la llegada de turistas de fuera del país, con un descenso del 77,3%, hasta 18,9 millones de personas.

Los últimos doce meses tampoco han sido ni mucho menos normales para el sector turístico español, que no ha ni siquiera rozado las cifras de llegadas prepandemia. En enero, el país recibió un 10,4% de los visitantes que llegaron al país en el mismo mes de 2019, y en febrero, marzo y abril esta tasa no llegó ni siquiera al 10%. Cuatro meses prácticamente perdidos entre la tercera y la cuarta ola del coronavirus en el país.

Pese al éxito del proceso de vacunación, las medidas para paliar la propagación del Covid-19 han continuado generando un agrio enfrentamiento dialéctico entre administraciones.

El número de visitantes en comparación con las magnitudes de 2019 llegó al 17,2% en abril, al 25,1% en junio y al 44,5% en julio, y no superó el 50% hasta agosto, cuando escaló hasta el 51,3%. El récord anual llegó en octubre, cuando cruzaron las fronteras españolas 5,13 millones de extranjeros, alcanzando el 67,6% de los niveles precrisis.

El ángulo positivo en la actividad turística está en la recuperación de los viajes nacionales, que en octubre dispararon la ocupación hotelera en el país en octubre. En concreto, en el décimo mes del año se registraron 23,8 millones pernoctaciones, cinco veces más que en el mismo mes de 2020 y sólo un 21% por debajo de las cifras precrisis. En el turismo nacional, las cifras de octubre están incluso por encima de los niveles de 2019.

No es el PIB, estúpido

Ante la locura de estimaciones, ajustes y previsiones, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, llegó en octubre a quitar importancia al PIB como indicador de actividad económica. A su juicio, resulta “difícil captar con una sola cifra los recursos de un país, sus infraestructuras o el sentir de los ciudadanos”, ya que el PIB “tiene límites y deficiencias”.

¿A qué hay que mirar entonces, según el Gobierno? Por supuesto, a los datos que sí son positivos y que, ciertamente, descolocan a muchos economistas. Por ejemplo, el aumento del empleo: en noviembre, el número de afiliados a la Seguridad Social en España sumó casi 61.800 nuevos cotizantes. El resultado fue el mejor de un mes de noviembre en toda la serie histórica, ya que el undécimo mes del año suele ser negativo para el empleo por tratarse de un momento valle en la actividad turística.

En el que podría ser un signo de nueva aceleración de la actividad económica, el empleo registrado alcanzó en noviembre la cifra más alta de la historia en España, superando por primera vez los 19,7 millones de cotizantes, con 375.500 más que en noviembre de 2019, antes del estallido de la pandemia.

Directamente relacionado con el aumento del empleo está la caída del paro: en noviembre se produjo un récord también en este sentido, con la salida de 74.400 personas de las listas de parados de las oficinas de empleo en un mes en el que el desempleo suele subir. “En la anterior crisis tardamos más de una década en recuperar empleo e ingresos fiscales, lo que demuestra la fuerza de la recuperación”, dijo Calviño en diciembre, después de que los datos de empleo dieran un respiro a la oficina económica del Gobierno tras semanas de ajustes en las previsiones por parte de todos los organismos nacionales e internacionales. La recuperación, dijo, “no sólo es fuerte, sino que llega a donde más importa: al empleo”.

“En la anterior crisis tardamos más de una década en recuperar empleo e ingresos fiscales, lo que demuestra la fuerza de la recuperación”, dijo Calviño en diciembre

España, aventajada ante la UE

En un entorno en el que las previsiones económicas son más volátiles que nunca, al menos se materializan las promesas de estímulos destinadas a la recuperación. En noviembre, España se convirtió en el primer país europeo en recibir el visto bueno de la Comisión Europea para el pago de 10.000 millones de euros del primer tramo de los fondos de recuperación del programa Next Generation EU, que España había solicitado el 11 de noviembre. Bruselas dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido los 52 hitos y objetivos acordados por lo que se convertiría en el primer país de la UE en recibir el desembolso, que debe sumarse al anticipo de 9.000 millones recibido a finales de agosto.

“Buenas noticias para España”, tuitteó en diciembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar que el país había cumplido antes que nadie con los requisitos de implementación de su plan nacional NextGenerationEU.

“Felicito a España por haber logrado con éxito los primeros 52 hitos marcados en el plan de recuperación; esto incluye importantes reformas para reforzar la resiliencia de la economía española y equiparla para el futuro”, agregó el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

Los fondos del ambicioso programa de estímulo de la Unión Europea deben impulsar la recuperación económica y también abordar la doble transición verde y digital. Según Calviño, hasta diciembre se había autorizado un 73% de la inversión prevista para 2021, cerca del 60% ya estaba comprometido y se habían adjudicado inversiones por más de 10.400 millones de euros, aunque la velocidad de crucero se alcanzará en 2022, dijo la vicepresidenta económica.

Los grandes bancos, CaixaBank, Santander, Bbva y Banco Sabadell, han realizado recortes históricos de sus plantillas entre 2020 y 2021

Más allá de los estímulos de la UE, en la agenda del Gobierno para el cierre de 2021 estaba la reforma laboral, uno de los proyectos legislativos que más claramente va a marcar la legislatura del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos y que, también, tendrá más consecuencias a largo plazo para la actividad económica.

De hecho, el borrador de dicha reforma forma parte del segundo paquete de compromisos alcanzados por el Gobierno con Bruselas para el último trimestre de 2021, y que deben permitir desbloquear un desembolso adicional de 12.000 millones de euros en las primeras semanas de 2022.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno a cargo de Trabajo y Economía Social, dijo a primeros de diciembre estar en la recta final de la negociación con los agentes económicos y sociales, unas conversaciones donde los puntos calientes son la limitación del número de trabajadores temporales en relación con la totalidad de la plantilla o la prevalencia entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa.

Hasta que el Gobierno afrontó el asunto de la reforma laboral, en el que las propias Díaz y Calviño encarnaron las dos almas del ejecutivo de coalición (radical la primera y moderada la segunda), las prórrogas de los Ertes fueron uno de los principales hitos de la política económica. Las sucesivas prórrogas, realizadas de acuerdo con los agentes sociales, terminarán alargando lo que era una medida coyuntural durante casi dos años hasta el próximo febrero.

Sin embargo, el número de afectados ha ido cayendo a medida que se ha reactivado la economía. En noviembre, el país contaba 92.953 empleados en un Erte total y 47.619 trabajadores en uno parcial, frente al total de 755.000 afectados a cierre de 2020.

Y de los Ertes a los ERE. En la economía española, los últimos doce meses han estado protagonizados también por el avance en la fusión entre CaixaBank y Bankia, en un proceso que continúa con la consolidación del sistema bancario español iniciada en la Gran Recesión con las fusiones de cajas. El proceso, anunciado en septiembre de 2020, se materializó en 2021, cuando CaixaBank pactó con los sindicatos el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de la historia de la banca española, con la salida de 6.452 trabajadores (inicialmente, el banco propuso la salida de 8.300 empleados).

El de CaixaBank no fue ni mucho menos el único gran ERE en la banca. Santander despidió a finales de 2020 a cerca de 3.500 trabajadores; Bbva, a unos 2.900, y Banco Sabadell prejubiló a más de 1.800 trabajadores de más de 56 años.

El Corte Inglés realizó otro de los grandes ajustes del año, con casi 3.300 bajas voluntarias, Endesa planteó un plan de 1.200 bajas voluntarias hasta 2024 y Telefónica ha propuesto un ajuste de más de 2.500 personas. A estas cifras se añade el próximo cierre de Nissan en Barcelona, la segunda mayor fábrica de Cataluña, con cerca de 2.500 trabajadores afectados de forma directa y cientos de afectados indirectos en proveedores externos.

A vueltas con el Covid

Los últimos doce meses han estado marcados en cualquier caso en la economía española por la vigencia del Covid-19, que ha continuado siendo un gran distorsionador de la actividad de muchos sectores.

Además, el virus continuó muy presente en el ámbito sanitario durante todo el ejercicio, antes incluso de la aparición de la variante Ómicron. La vacunación no impidió, por ejemplo, que en julio el país sufriera una dura quinta ola, con incluso más infecciones que en la segunda, aunque con una caída significativa en el número de fallecimientos. A cierre de año, varias comunidades autónomas tomaban la iniciativa fijando nuevas restricciones.

El sistema sanitario español y la marginalidad de los antivacunas ha permitido que España haya sacado una buena nota en la gestión sanitaria de la pandemia en los últimos doce meses. España se ha situado por delante de muchos de los países desarrollados en términos de vacunación: a principios de diciembre, el 79,5% de la población española había recibido la pauta completa, frente al 69% de Alemania, el 70,4% de Francia, el 74,6% de Italia o el 69,5% de Reino Unido, las principales potencias económicas de Europa.

En noviembre, España se convirtió en el primer país europeo en recibir el visto bueno de la Comisión Europea para el pago de 10.000 millones de euros

Otro asunto es la gestión política de las restricciones para hacer frente a la expansión del virus, en la que el estado de las autonomías se ha vuelto a poner en crisis. La suerte del sector del ocio nocturno, por ejemplo, ha cambiado constantemente en función de la comunidad autónoma. Y las diferentes estrategias para hacer frente a las sucesivas olas de la pandemia del Covid-19 se han trasladado por supuesto al terreno de la dialéctica política menos edificante.

La contienda política del año, más allá de la que se da en el seno del Gobierno entre sus dos socios y la que se vive en el PP entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de los populares, Pablo Casado, fueron precisamente las elecciones madrileñas.

Los comicios celebrados el 4 de marzo se produjeron tras una bronca campaña electoral en la que Ayuso salió clara vencedora, tras elevar de 30 a 65 escaños la representatividad del PP en la Asamblea de Madrid. El PSOE fue en cambio el gran derrotado: pasó de 37 a 24 escaños y, además, fue superado por Más Madrid, la escisión de Unidas Podemos que lidera Íñigo Errejón. Vox fue la cuarta fuerza, con 13 escaños, en unos comicios que certificaron la práctica desaparición de Ciudadanos del escenario político español (no obtuvo ningún escaño, después de haberse hecho con 26 en la anterior legislatura).

De cara al ejercicio 2022, Andalucía es el territorio político caliente en España: de agotar la legislatura, el presidente Juan Manuel Moreno deberá convocar elecciones en diciembre. Si no hay adelantos, el calendario estará mucho más cargado en 2023, con elecciones valencianas en abril, municipales en mayo, autonómicas en doce autonomías ese mismo mes y generales en noviembre.