Moody’s advierte del freno a la inversión en ‘real estate’ por las leyes antidesahucio

Dura nota emitida ayer por la agencia de calificación crediticia Moody’s contra el Gobierno por las normativas antidesahucio de viviendas. La firma considera que la normativa supone un freno para la inversión privada en viviendas, además de debilitar la “seguridad jurídica” de los propietarios.

El pasado 22 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al Decreto Ley que suspende durante el estado de alarma (hasta el próximo 9 de mayo) los desalojos por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

En el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios tendrán derecho a solicitar una compensación. También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque sólo si ocupan viviendas vacías de grandes propietarios (más de diez residencias) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia en el ámbito de la familia.

“Si bien la medida es temporal, sigue la tendencia de los últimos años de regular la vivienda erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad, reflejando la creciente relevancia de riesgo social en la vivienda”, señala Moody’s en la nota.

La agencia recuerda que, a raíz de la crisis de 2012, el Gobierno español empezó a establecer limitaciones en los desalojos por impago de préstamos, en una tendencia que ha ido ampliando con el paso de los años y que, posteriormente, son difíciles de revertir.

“Estas leyes que protegen a los inquilinos y a los hipotecados tienen una serie de implicaciones negativas para los bancos, así como para los instrumentos que respaldan esos créditos”, recoge Moody’s. Dificultades para recuperar el activo en caso de impago, menores inversiones en el residencial español, encarecimiento del crédito y, en líneas generales, unas mayores dificultades de los bancos en la gestión de su balance son algunas de las consecuencias negativas que tiene esta política, según la agencia.

Finalmente, Moody’s recuerda también que la nueva ley permite los desalojos siempre que las administraciones públicas proporcionen una vivienda alternativa, aunque reconoce que el parque de residencias sociales es muy limita. “Representa sólo el 1,6% del total de viviendas, un porcentaje que se eleva al 2,5% su incluimos las residencias propiedad de los municipios”, apunta la nota.