El Gobierno cierra el acuerdo definitivo para la Ley de la Vivienda

Fumata blanca. El Gobierno ha alcanzado los votos necesarios para aprobar la Ley de la Vivienda, la reglamentación en materia habitacional que regirá diferentes aspectos relacionados con el mercado residencial español una vez sea aprobada en el Congreso de los Diputados, trámite que se espera que acontezca en los próximos días.

Después de meses en las que las diferentes partes no conseguían alcanzar un acuerdo definitivo, el Gobierno de coalición, formado por Psoe y Unidas Podemos, acordó ayer un texto final que esta mañana han refrendado ERC y Bildu.

Según avanzan diferentes medios, la ley contará finalmente con una fórmula para limitar los precios de las rentas. Esta medida, que será detallada en las próximas horas, ha sido uno de los caballos de batalla entre los diferentes grupos políticos durante la negociación de la nueva reglamentación.

El Gobierno ya aprobó un tope del 2% a la revisión de las rentas del alquiler en marzo de 2022 dentro del paquete de medidas para hacer frente al contexto económico restrictivo derivado del estallido de la guerra en Ucrania. A finales del año pasado, el Ejecutivo decidió alargar esta limitación a todo 2023 a instancias del grupo parlamentario Bildu, que puso como condición esta medida para votar positivamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio.  

La nueva Ley deberá delimitar en qué casos se aplicará el tope de rentas

A la espera de que el Ejecutivo de más detalles sobre los diferentes aspectos de la nueva reglamentación, los grandes parámetros que regirán la nueva ley, y que han protagonizado las mayores tensiones entre los socios de Gobierno y sus socios en la oposición, versarán sobre la limitación de las rentas del alquiler en zonas tensionadas y la figura jurídica del propietario.

En primer lugar, la Ley deberá delimitar en qué casos se aplicará el tope de rentas, ya sea a través del cálculo de la carga media del coste de la vivienda más los suministros básicos, que no deben superar el 30% de los ingresos medios de la zona.

Por otro lado, en el caso que el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico.

Además, también habrá que ver como el Gobierno y los socios acaban acordando la definición de gran propietario. En el anteproyecto de ley se entiende como tal a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez casas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Por otro lado, también se ha filtrado que el acuerdo final puede recoger que un gran propietario sea el tenedor de entre cinco y diez viviendas.