Las socimis, ante la incertidumbre fiscal, la dualidad de cargos y su impacto en la gobernanza

La dualidad entre los cargos directivos y de administración, la incertidumbre fiscal y su impacto en la gobernanza, o las responsabilidades civiles caracterizan la realidad, de las socimis. Estas fueron algunas de las conclusiones de la jornada Novedades en los Consejos de las socimi para 2024, organizada por Grant Thornton en colaboración con Asocimi. 

En la misma, intervinieron David Calzada, socio de auditoría de Grant Thornton; Javier Basagoiti, presidente de Asocimi; Juan Carlos Martín, socio de laboral de Grant Thornton; Eduardo Cosmen, Socio director de fiscal de Grant Thornton, y Roberto Benito, socio de mercantil de Grant Thornton.

“Nuestro sector adolece de una regulación adecuada a la idiosincrasia de las características de las socimi; llama la atención que nuestro sector carezca de esa mencionada regulación y que otros se vean saturados”, aseguró Basagoiti. 

Calzada señaló “la importancia de abordar las necesidades y oportunidades de un sector que es clave en el escenario económico actual”. Por su parte, Martín centró su discurso en la jurisprudencia y la normativa aplicadas a la dualidad de desempeñar cargos de alta dirección y consejero delegado. 

Tras revisar las interpretaciones jurisprudenciales que se han dado sobre este asunto, el directivo destacó que actualmente se impone una doctrina restrictiva, en la que “es imposible la dualidad, ya que las funciones de administrador absorben las del alto cargo”. Sin embargo, “cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la sociedad y de una relación de carácter laboral común u ordinaria”, aseguró el socio de laboral de Grant Thornton. 

Por otro lado, también recomendó llevar a cabo cláusulas de blindaje de la relación laboral especial para alta dirección, pactando una suspensión que se reactiva una vez se rescinde esa labor como consejero. “Además, también es aconsejable que en dicho acuerdo se pacte que el tiempo durante el cual el directivo forme parte del órgano de administración, que se compute a efectos de antigüedad”, recordó Martín.

“Nuestro sector adolece de una regulación adecuada a la idiosincrasia de las características de las socimi”, aseveró Javier Basagoiti

Eduardo Cosmen abordó el complejo escenario y evolución del tratamiento fiscal de las retribuciones de los administradores. En este sentido, sobre las últimas sentencias favorables, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, Cosmen aseguró que “el Poder Judicial ha ido moderando la tendencia adoptada por la Agencia Tributaria en cuanto a cuestionar la tributación de las retribuciones”. 

Así, el directivo apuntó que el Tribunal Supremo, en su sentencia del pasado 2 noviembre,  consolidó su doctrina en materia de deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de las retribuciones satisfechas a los altos directivos y administradores. Mediante esta sentencia, “las retribuciones se perciben en virtud de un vínculo laboral y responden a la prestación de unos servicios reales, efectivos y no discutidos”, destacó el socio director de fiscal de Grant Thornton.

En cuanto al IVA de las retribuciones, Cosmen recordó que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), una persona física miembro de un consejo de administración ejerce una actividad económica consistente en la prestación de un servicio oneroso para la sociedad, sin embargo, esa actividad no se encuentra sujeta a IVA porque no es ejercida con carácter independiente. Pero en cuanto a una persona jurídica, como una ‘gestora profesional’”. El experto recomendó “siempre repercutir el IVA”. 

Por último, Roberto Benito incidió en “la importancia de conocer y recordar las coberturas contempladas en el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O)”, ya que pueden conllevar muchas consecuencias para los responsables. 

Según el socio de Mercantil de Grant Thornton, existen una serie de responsabilidades a las que hay que prestar especial atención, como valorar adecuadamente las aportaciones no dinerarias en aumentos de capital, vigilar las causas de la disolución, prestar especial atención a la información incluida en los folletos para la emisión de valores, entre otras. Este tipo de situaciones, “pueden conllevar graves consecuencias para los administradores”, alertó Benito.