La vivienda en el 23J: Sumar apuesta por más intervención y disparar la inversión en VPO

Con motivo de las elecciones generales del próximo 23 de julio, EjePrime elabora un análisis de las propuestas en materia de vivienda que presentan los cuatro grandes partidos que concurren a los comicios: Psoe, PP, Vox y Sumar. 

“La Ley de Vivienda ha llegado tarde y se queda corta”. Esta es una de las proclamas electorales más repetidas los últimos días por Yolanda Díaz, cabeza de lista de Sumar para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Un análisis rápido del programa electoral que presenta la confluencia de partidos para los comicios denota que, de conseguir los escaños necesarios para formar parte de un próximo gobierno de coalición, el intervencionismo del mercado residencial será una constante en la próxima legislatura.

Además, el partido se compromete a destinar durante diez años el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda, con el objetivo de “generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible”. Sumar prevé que, de salir adelante su propuesta, el parque público de vivienda alcance dos millones viviendas protegidas en 2033. Además, plantea un ambicioso plan de rehabilitación, con 500.000 unidades reformadas al año.

Entre otras medidas, la confluencia de partidos al lado izquierdo del Psoe también apuesta por condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para socimis, entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda (edav), inmobiliarias y fondos “en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen”. En este sentido, defiende el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. Por último, Sumar también quiere habilitar los mecanismos necesarios para instar a la declaración de zona de mercado tensionado, según los requisitos de la Ley de la Vivienda, a las comunidades que no lo hayan hecho.

Sumar defiende el alquiler social obligatorio para grandes tenedores

Más regulación

Entre las diferentes medidas presentadas por Sumar que apuestan por más regulación en el mercado residencial, se encuentra habilitar al Gobierno o las administraciones locales para instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los requisitos que establece la Ley de la Vivienda.

En este sentido, Sumar apuesta por modificar la Ley para incluir el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones para las administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades, regulación de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador. También quiere desarrollar una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.

La coalición también considera necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada, segmentos para los que quiere establecer un régimen sancionador y de inspección. También defiende la obligatoriedad en la portabilidad de hipotecas variables a fijas y condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para socimis, edavs, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios “en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen”.  

La coalición también considera necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada

Entre otras medidas, el programa también recoge un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización que estén ociosos, estudiar medidas anti flipping para transacciones corporativas, prohibir la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones, salvo su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler, y realizar modificaciones legales para que las administraciones públicas dispongan de capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto.

Además, persigue establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Irpf) de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia.

Refuerzo de lo público

La medida estrella de Sumar en materia de vivienda es la inversión del 1% del PIB, durante diez años, en la construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda, con el que quieren alcanzar los dos millones de viviendas protegidas en 2033. “Nuestro modelo es Europa, es Viena”, apunta Sumar en el programa. El partido basa su propuesta en la capacidad constructiva tanto de Sareb como Sepes y quiere coordinar los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un banco de suelo con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través del ICO.

Respecto a la vigilancia, Sumar apuesta por crear juzgados especializados para resolver los conflictos que genere la regulación del mercado residencial e impulsaremos recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario o de discriminación en el acceso a la vivienda.

El grupo también lleva en su programa la creación de un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual que no pueden afrontar el pago por el alza de los tipos de interés.

Respecto a Sareb, Sumar defiende convertirla en “una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda”

La cuantía del bono sería de mil euros y beneficiaria a los hogares que se hipotecaron a tipo variable desde 2013 por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra de hasta 300.000 euros, con un coste global de mil millones de euros, que Sumar quiere financiar con cargo al impuesto extraordinario a la banca.

Respecto a Sareb, Sumar defiende convertirla en “una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda”. Para ello, el partido considera que sus competencias deberían depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda y realizar una gestión activa para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos.  

La confluencia de partidos también asegura que desarrollará una carta de derechos de los inquilinos y dotará jurídicamente a las asociaciones y sindicatos de personas inquilinas de capacidad de representación en las negociaciones colectivas con los propietarios, y de capacidad jurídica en los procesos legislativos, así como en los planes públicos de vivienda.