Los pisos turísticos, en jaque: las ciudades vs. el alquiler vacacional

Los pisos turísticos, en la cuerda floja. Barcelona acabó la semana pasada con el anuncio de la eliminación de todos los pisos turísticos con licencia legal en la ciudad, más de 10.000 unidades, para 2029. Así lo declaró el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una rueda de prensa donde se presentaron nuevas medidas para incrementar el parque en la capital catalana ante la dificultad de acceso a la vivienda. El movimiento en contra de esta tipología de residencia de corta estancia no sólo se ha producido en Barcelona y llega a países europeos como Italia, Países Bajos o Portugal, incluso cruza el charco hasta Estados Unidos.

El pasado septiembre, el ayuntamiento de Nueva York recortó la capacidad de actuación de empresas de alojamientos de corta estancia a través de la ley Local 18, conocida como Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo. Afectando por ejemplo a Airbnb, que tuvo que retirar miles de viviendas de su catálogo en Nueva York. Con la nueva legislación, para las estancias de menos de treinta días, los anfitriones sólo pueden recibir a un máximo de dos huéspedes y si ellos mismo viven en la misma casa. Honolulú, Memphis o Palm Springs son otras ciudades estadounidenses con limitaciones propias.

Florencia anunció en octubre de 2023 la prohibición de nuevos alquileres residenciales a corto plazo en su centro histórico. El pasado julio, el Ministerio de Turismo italiano trabajaba en una regulación de estos alquileres, con ciudades como Venecia o Milán planteando sus propias acciones. También Portugal ha prohibido las nuevas licencias para alojamientos turísticos, excepto en las zonas rurales menos pobladas.

En los últimos meses, Canarias y Baleares también se han movilizado contra el impacto de los alojamientos turísticos

Ámsterdam ya actuó frente a esta situación en 2020, cuando prohibir los alquileres vacacionales en tres de sus distritos, mientras que en las demás zonas estos alojamientos fueron sometidos a condiciones estrictas para llevar a cabo su actividad. En la actualidad, los anfitriones sólo pueden alquilar su casa treinta noches al año, si no necesitan un permiso especial. Una medida similar que se encuentra en Londres, Berlín o Francia.

El movimiento español contra los pisos turísticos

En febrero de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registraba que estos alojamientos turísticos aumentaron un 9,2% en España respecto un año atrás, sumando 351.389 apartamentos. En total, coparon el 1,33% del total de viviendas en territorio español, mientras que hace un año concentraban el 1,21%. Sin embargo, el impacto de estos alojamientos en la oferta residencial de las ciudades como Barcelona, recae en el acceso de la vivienda de la población.

En abril de este año, la población de Canarias se movilizó ante el “depredador” mercado turístico canario, con los alojamientos turísticos y el acceso a la vivienda en el centro del debate. Las plazas en apartamentos turísticos en las islas alcanzaron el último marzo 109.533 unidades, un 3,8% más que en el mismo mes de 2023, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Para mitigar este efecto, el Gobierno de Canarias presentó el anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda. El proyecto, que ha tenido modificaciones a mediados de junio, exige que, quienes quieran usar su vivienda para la corta estancia, tengan un inmueble con ciertas características y requisitos de equipamiento. El sector ha asegurado que la normativa, que pone coto a un mercado que hasta ahora operaba sin ningún tipo de regulación, supone un “exterminio de estos alojamientos”.

A finales de mayo, el Ayuntamiento de Palma, en la isla balear de Mallorca, también decidió hacer frente a la situación del mercado. El consorcio propuso prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos ante la masificación turística y las manifestaciones de la población. Entre las medidas que recomendaban se encontraba modificar el Plan general para prohibir el alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda. Sin embargo, la medida no llegó a salir adelante.