Menos oferta, subida de precios y un mercado negro: el sector alerta al Gobierno sobre la limitación del alquiler

Totalmente unánime. Así se puede definir la postura de las empresas especializadas en residencial de alquiler ante la posibilidad de que el Gobierne limite el precio de los arrendamientos a través de la futura Ley de la Vivienda, tal y como han acordado los dos partidos que componen el Gobierno, Psoe y Unidas Podemos.

El consenso en el sector es que poner un tope al precio del alquiler provocará una huida de los propietarios del mercado de los propietarios y un estancamiento de la inversión. Como consecuencia, la normativa puede provocar el efecto contrario al buscado, es decir, una reducción de las viviendas que están en el mercado y, en consecuencia, un incremento de los precios, especialmente en aquellos mercados que ya están tensionados en la actualidad.

La directora general de Asval, Beatriz Toribio, explica a EjePrime que “es una medida que no va a arreglar nada y va a empeorar la situación actual”. En este sentido, desde la patronal de propietarios de viviendas, que agrupa tanto a fondos y socimis como a privados, se recuerda que los intentos de limitar los alquileres se han demostrado fútiles en todas las ciudades que los han intentado aplicar hasta el momento.

“Es una medida que va a arreglar nada y va a empeorar la situación actual”, asegura Beatriz Toribio

Toribio apunta que limitar los arrendamientos “provocará una reducción de la oferta, lo que conllevará que se complique aún más el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas” a causa del incremento de precios provocado por la reducción de la oferta.

Las previsiones del sector pasan por que, tal como ocurrió en la anterior crisis económica, el empeoramiento del mercado laboral haga crecer la demanda de viviendas en arrendamiento. Ambas tendencias acabarían provocando un incremento de los precios.

Fuentes del sector alertan de que este aumento de los precios se acabaría dando a pesar de la normativa y que “se acabaría creando un mercado negro de viviendas en alquiler” entre los propietarios privados para esquivar las restricciones “tal como ha ocurrido en otras ciudades”.

El mercado alerta ante la creación de un mercado negro de viviendas para esquivar las limitaciones

El consejero delegado de Tectum, Andrés Horcajada, se muestra más contundente y apunta que “las políticas intrusivas que alteran las reglas básicas en las relaciones privadas no solucionan el problema de acceso a la vivienda”.

El directivo también apunta que, de aprobarse la nueva regulación en los términos que solicita el partido liderado por Pablo Iglesias, el mercado del alquiler sufriría “una ralentización, lo que acabaría afectando a los inquilinos más vulnerables”.

Toribio alerta que esta normativa se quiere llevar adelante “en un momento en el que los precios de los alquileres están bajando”, lo que, según la portavoz de la patronal, “no tiene ningún sentido”.

Quejas ante la inseguridad jurídica

Una de las principales reclamaciones del sector inmobiliario ante las administraciones públicas es la inseguridad jurídica y la incertidumbre que provocan los constantes cambios de normativa que ha habido sobre los alquileres residenciales, incluso antes de la pandemia.

En este sentido, la directora de Promur, María José Cabeza, reclama “medidas que protejan al propietario”. La directiva subraya que “las medidas tomadas, por ejemplo, para paliar la crisis del Covid-19, tienen toda la lógica de cara a proteger a los arrendatarios, pero siguen poniendo en los arrendadores la carga económica”.

Esta incertidumbre jurídica provocada por los continuos cambios en la regulación es especialmente problemática en Cataluña, donde tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat catalana han lanzado iniciativas para intervenir en el mercado del alquiler residencial.

La oferta de viviendas se está encogiendo en Cataluña a la espera de conocer la constitucionalidad de la medida

En este sentido, Toribio apunta que en Cataluña existe “un gran desconcierto entre los propietarios, especialmente los particulares”, y añade que muchos “prefieren no alquilar mientras se decide si la medida es inconstitucional o no”.

Desde el sector también se avisa que esta incertidumbre regulatoria acaba perjudicando a las dos partes. Horcajada alerta que “puede afectar negativamente al sector y acabar perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos”.

Toribio alerta que esta crisis puede provocar “perder una oportunidad de oro para desarrollar un parque de viviendas públicas de alquiler en el país” si la incertidumbre jurídica provoca que se pierda el interés del sector inmobiliario para invertir y desarrollarlo.

La solución pasa por crear oferta

Precisamente, otro de los consensos en el sector es que la solución a los problemas del mercado de alquiler pasa por incrementar la oferta, algo que debe ser impulsado por las diferentes administraciones públicas y que, hasta el momento, no se ha hecho. Sólo el 1,5% del parque de alquiler en España es vivienda social.

Cabeza explica que “es curioso que las administraciones públicas hayan hecho una dejadez absoluta de sus deberes” y denuncia que “se ha delegado el trabajo a la iniciativa privada para después culparnos de todos los males”.  La directiva reclama a los entes públicos que “asuman su responsabilidad en la construcción de viviendas sociales”.

Por su parte, Toribio señala que “necesitamos medidas para impulsar el mercado del alquiler” y apunta a medidas como un paquete de ayudas públicas que permita reducir el esfuerzo en el pago del arrendamiento hasta el 30% a los colectivos más desfavorecidos.