La licitación de viviendas alcanza 452 millones de euros hasta abril, un 29% más

La licitación de viviendas sigue al alza. En los cuatro primeros meses del año, las distintas administraciones destinaron 452 millones de euros al equipamiento residencial, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Del conjunto del capital invertido, 325,8 millones de euros corresponden a obra nueva, lo que supone un 70,2% de las licitaciones. En lo que va de año, la inversión residencial en obra nueva ha aumentado un 46,5%.

Por su parte, las distintas administraciones han destinado a la rehabilitación de vivienda 127 millones de euros, lo que supone un 28% del total invertido. La inversión en rehabilitación en los cuatro primeros meses del año ha caído un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sólo en abril, la inversión en vivienda ha ascendido 125 millones de euros, convirtiéndose en el segundo mes del año con más licitaciones, sólo por detrás de marzo, cuando ascendió hasta 158 millones de euros.

En cuanto a los inmuebles no residenciales (docentes, sanitarios, deportivos o sociales, entre otros) la inversión ascendió hasta 3.953 millones de euros de enero a abril, un 29,6% más que el año anterior.

El equipamiento residencial supone un 5% de las licitaciones de obra pública de los cuatro primeros meses del año, que asciende a 8.990 millones de euros. De ellos, la inversión en edificación es de 4.406 millones de euros, un 49%, después de crecer un 29,4% en los cuatro primeros meses del año.

El incremento se produce después de un año de caída en la inversión pública de vivienda. Las distintas administraciones de España licitaron proyectos residenciales por 787,5 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 20,3% respecto a 2022, cuando la inversión rozó los mil millones, situándose en 987,9 millones de euros.

Seopan nació en 1957 con el objetivo de promover de forma activa la inversión en infraestructuras y el impulso de los proyectos de colaboración público-privada como elementos decisivos para la competitividad y crecimiento económico en España.