Rodríguez anuncia 35 millones para comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas

Un paso más. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que su departamento ultima una partida extraordinaria de 35 millones de euros para “acompañar” a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas en el marco de la Ley de Vivienda o que estén en proceso de hacerlo. Lo ha dicho junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el acto inaugural del salón Construmat, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En el acto también han estado el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de Construmat y de la Asociación de Promotores Constructores (Apce España), Xavier Vilajoana.

El objetivo de esta partida es que las autonomías tengan más recursos para adoptar medidas adicionales para garantizar el derecho a una vivienda asequible, así como promover la contención de rentas. Es una medida prevista en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, que contempla diseñar y adoptar medidas de financiación específicas para favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta en las zonas que se hayan declarado tensionadas.

La medida está prevista en la Ley de Vivienda, que contempla adoptar medidas de financiación específicas

De este modo, los 35 millones de euros se repartirán de momento entre Cataluña, que ya tiene 271 municipios declarados como zonas tensionadas, y Navarra y el País Vasco, que están en proceso de aplicar esta medida. “Declarar una zona tensionada no es un éxito, es reconocer que estamos ante un problema y ponernos manos a la obra todos a la vez y de manera extraordinaria para revertirlo lo antes posible”, ha defendido Rodríguez. 

La ministra ha considerado que la regulación, así como un aumento de la oferta, es esencial para abordar el problema, ya que el mercado libre “devora las economías familiares”. 

También ha explicado que se priorizará la movilización de todos los recursos de los que dispondrá la empresa estatal de vivienda (suelos e inmuebles) con carácter prioritario donde hay más tensión residencial, como es el caso de Cataluña. Asimismo, ha celebrado que la Ley de Vivienda cumple dos años desde su puesta en marcha, “una ley que tardó mucho en llegar, pero que ha venido a resolver”.