A quién afecta el “anuncio político” de Collboni: 10.000 alquileres turísticos, en el aire

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado (a las puertas de tres días de fiesta en la ciudad) la eliminación de todos los apartamentos turísticos de la capital catalana, los 10.101 que actualmente tienen licencia, con el objetivo de incrementar el parque de vivienda residencial.

Desde el gobierno municipal apuntan que “Barcelona no se puede permitir una cifra tan elevada de pisos que se destine a la actividad turística en un contexto en que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos”.

Por parte de la patronal, la Asociación de Apartamentos Turísticas de Barcelona (Apartur) señala que el gobierno municipal llevaba meses hablando de una posible regulación, pero no se esperaban una medida tan drástica. Sin embargo, la asociación se muestra escéptica a que la medida vaya a aplicarse y califican el movimiento como una “acción política”.

“Esto abrirá una nueva batalla legal y entendemos que habrá negociaciones con el Peuat durante 2025”, explica Enrique Alcántara, presidente de la asociación, refiriéndose Pla Especial Urbanística d’Allotjaments Turístics (Peuat), que rige las licencias desde 2017.

“Esto abrirá una nueva batalla legal y entendemos que habrá negociaciones con el Peuat durante 2025”, explica Enrique Alcántara, presidente de Apartur

Donde sí ha encontrado apoyo el gobierno barcelonés es en el Ejecutivo español. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la medida aprobada por Jaume Collboni en X (antiguo Twitter) señalándole al alcalde que “tienes todo mi apoyo en esta tarea”, mientras le daba la enhorabuena. “De esto se trata, de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, ha asegurado la ministra.

Para poder aplicar esta nueva política, el Ejecutivo dirigido por Jaume Collboni se ha acogido al decreto ley aprobado por la Generalitat de Catalunya el pasado 7 de noviembre. La medida autonómica abre la puerta a que 262 municipios catalanes regulen la vivienda de usos turístico para hacer frente al problema de acceso a la vivienda, los que tienen más de cinco pisos turísticos por cada cien habitantes.

La regulación, que también prevé que los ayuntamientos modifiquen su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda, se encuentra en los tribunales.

El pasado febrero, el Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3; Disposición Transitoria Primera 1 a), Disposición Transitoria Segunda y Disposición Final Primera y Anexo del Decreto Ley de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de los alojamientos de uso turístico.

El Ayuntamiento se ha acogido al decreto ley aprobado por la Generalitat el 7 de noviembre, sobre el que pesa un recurso de inconstitucionalidad

En la ciudad, la vivienda de uso turístico está regulada desde por el Pla Especial Urbanística d’Allotjaments Turístics (Peuat) desde 2017, que había congelado otorgar nuevas licencias de pisos turísticos en la ciudad. Mediante esta legislación, desde 2016 se han impuesto 10.500 sanciones y 9.700 ordenaciones de cesamiento.

Sobre el decreto se ha pronunciado la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que ha indicado que es “bueno” actuar sobre la oferta de alquiler de vivienda para poner más inmuebles en el mercado.

Una batalla por 10.000 pisos

Los pisos turísticos en Barcelona han ido al alza los últimos años. El censo de la ciudad de Barcelona alcanza hasta 2022, pero desde el Ayuntamiento aseguran que la ciudad ha cruzado el umbral de los 10.000 pisos y se sitúan en 10.101 unidades que quieren “recuperar para el alquiler residencial”.

En 2019, antes de la irrupción de la pandemia, la cifra de alquileres turísticos en la ciudad era de 9.572 unidades. Los alquileres turísticos en Barcelona crecieron con fuerza durante la crisis inmobiliaria, pasando de 632 unidades en 2009, hasta 9.606 pisos en 2014, según datos del ayuntamiento.

El Peuat, la regulación que impera en la ciudad en materia de pisos turísticos, distribuye la ciudad en tres zonas, con restricciones más o menos duras para abrir apartamentos, dependiendo de la presión habitacional del barrio. En la primera de las zonas, que comprende barrios como el Gòtic o la Dreta Eixample y acumula el 60% de la oferta de plazas de la ciudad, no se pueden abrir nuevas viviendas vacacionales.

En esta área, un 25,1% de la población son visitantes frente a residentes, una cifra que alcanza el 46% en el barrio del Gòtic y el 68% en la Dreta Eixample. Si se cierra alguna licencia en la zona 1 sólo posibilita la obtención de una licencia en la zona tres, el área con menos densidad de este tipo de vivienda. Transitoriamente, y para el distrito de Ciutat Vella, se posibilita el reagrupamiento en edificio completo.

En la zona 2, tampoco se admite la ampliación de los establecimientos existentes, aunque, cuando se da de baja un establecimiento en el censo, se puede abrir otro en la misma zona, teniendo en cuenta criterios de distancia y de densidad. Esta área comprende barrios como Sagrada Familia o Gràcia y la media de población frente a residentes es del 9,7%, menor a la media del 7,5% de la ciudad.

En la zona 3 se encuentran el resto de barrios de la ciudad alejados del centro, como Vallcarca, La Sagrera, Horta, La Verneda o Sarrià. Aquí, el crecimiento de licencias es posible, siempre que no se supere la densidad máxima de plazas.